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Guatemala nos muestra que el abuso sexual en contextos de guerra no se trata de “hombres que se portan como hombres”, sino que es un arma de guerra y se debe castigar.
El medio de noticias independiente guatemalteco Plaza Pública explicó el contexto de un proceso legal que tomó más de 13 días:
En la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, las mujeres q’eqchíes han revivido el recuerdo de los meses que pasaron en el destacamento de Sepur Zarco. […] Los testimonios de las víctimas […] han sido reproducidos y han vuelto a narrar la forma en que los soldados –guiados por comisionados militares–desaparecieron a sus esposos en agosto de 1982. “Viudas” y “solas” las obligaron a trasladarse al destacamento militar de Sepur Zarco, donde, según sus relatos, fueron violadas en repetidas ocasiones durante seis meses y forzadas a cocinar y lavar uniformes militares.
El veredicto se emitió en público, aunque se protegió la identidad de las víctimas. Cualquier interesado en el caso tuvo la oportunidad de verlo en vivo en línea, algo que provocó toda clase de reacciones del público en general.
Tribunal a rebosar, Rigoberta Menchú y activistas de Guatemala esperan veredicto por caso de violencia sexual de Sepur Zarco.
Destacadas mujeres, como la activista de derechos humanos Rosalina Tuyuc estaban en la audiencia, así como la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que tuiteó en vivo sus impresiones:
En su sentencia, la jueza describió el trato brutal que sufrieron mujeres indígenas vulnerables por parte de los soldados en tiempo de guerra:
“En Sepur Zarco, el trato que recibieron las mujeres fue peor que el trato dado a animales”, jueza Barrios.
Otros usuarios de Twitter destacaron la importancia de este veredicto:
Guatemala hoy es prueba de que las cortes nacionales pueden hacer justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Mientras observadores internacionales elogiaron los esfuerzos de las cortes nacionales, una reflexión profunda vino de la organización nacional que abarca a todas las universidades –la CEUG (Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala), que ha tenido un rol crucial recientemente en la batalla contra la corrupción, y que resumió en una línea por qué la sentencia es vital para el futuro de la nación:
Aunque la sentencia puede ser apelada en cortes guatemaltecas y hasta ser declarada nula por la Corte de Casación, la mayoría de la opinión pública está de acuerdo con el hecho de que la sentencia dictada por la jueza Jazmín Barrios el 26 de febrero sienta un precedente de dignidad, coraje y resistencia no violenta para las mujeres indígenas que se negaron a rendirse en su lucha por justicia, y que superaron el estigma de la violación, la pobreza, la exclusión, el racismo y el clasismo para lograr justicia. Aun después de 34 años, esta decisión ha abierto un camino a la justicia para las mujeres en Guatemala –y en todo el mundo– que son y han sido víctimas de crímenes de guerra.

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sigue siendo imprescindible en la batalla contra el crimen organizado y la corrupción estatal, según esta evaluación que analiza el trabajo de la institución desde su creación en el 2007.
En el análisis se expresa: “En los últimos ocho años, la CICIG ha desempeñado una función primordial en el refuerzo de los poderes judiciales y de investigación del Estado guatemalteco, con la resolución de casos emblemáticos de corrupción y el procesamiento de poderosos delincuentes, además de brindar  asistencia internacional para abordar la tan necesaria reforma del sistema judicial y de fortalecer las instituciones estatales y el sistema democrático.”
CICIG fue creada en el 2007 como un cuerpo internacional independiente para apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional, así como a otras instituciones guatemaltecas en la investigación y el procesamiento criminal de los delitos cometidos por las redes de crimen organizado con fuertes nexos a actores políticos y del sector de seguridad. La Comisión también trabaja con otras entidades del Estado con el objetivo de desmantelar a dichos grupos.
La Comisión es un esfuerzo sinigual  entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas, la cual recibe apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional y está compuesta por un equipo internacional, pero opera dentro del marco de la normativa y del sistema de justicia del país. Su mandato de dos años ha sido extendido tres veces desde su creación