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Guatemala: Juez ordena retirar la intervención de #TCQ. La terminal guatemalteca fue intervenida el año pasado por figurar en la trama del #casoTCQ ¿Quien lo diría verdad?

El interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, informó esta mañana que, debido a una solicitud formulada por el Ministerio Público (MP) al Juzgado de Extinción de Dominio, el proceso de intervención de la empresa culminará.
Según Aizenstatd, desde el pasado 19 de febrero, cuando la terminal inició operaciones, “han arribado (…) 22 buques (…) y se han transportado más de 16 mil contenedores, generando más de Q11 millones en ingresos”.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, explicó que la intervención finalizó por tres motivos.  En primer lugar indicó que el interventor renunció, como segundo motivo mencionó que la terminal está operando con pérdidas.
“El principal motivo es económico financiero, la terminal está operando con pérdida y hay compromisos, una deuda que cubrir, entonces no se puede extinguir una deuda para el Estado”, refirió.
“En este momento es inviable la extinción de dominio y por lo tanto es inviable la intervención. El usufructo sigue vigente”, añadió.
En reiteradas ocasiones, diputados y autoridades de la Contraloría General de Cuentas manifestaron su desacuerdo con el inicio de operaciones de la terminal, al asegurar que el usufructo es producto de una negociación ilegal entre el Gobierno del Partido Patriota y la empresa española Grup TCB.
SALA AMPARA PROVISIONALMENTE
En mayo, la Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla otorgó un amparo provisional a favor del sindicato de la Empresa Portuario Quetzal (EPQ), por medio del cual se ordenaba la suspensión de operaciones de la TCQ debido a que la empresa no entregó la documentación que acreditaba la legalidad del inicio de operaciones. Sin embargo, EPQ presentó una apelación que hasta la fecha no ha sido resuelta.

D.Angel Pérez-Maura Botin ciudadano español acusado en Guatemala de  asociación ilícita, cohecho activo y fraude  al estar involucrado en el #casoTCQ .Con orden de captura internacional ¿Quien lo diría verdad?La empresa Terminal de Contenedores de Barcelona en el caso de corrupción de la Terminal de Contenedores Quetzal. Otto Pérez Molina y. Roxana Baldetti ..

Conozca y opine sobre la noticias de actualidad #anticorrupción #contraimpunidad de Centroamérica  

 Historia del Grupo Pérez y Cía. fue fundado en 1853 por D. Angel Bernardo Pérez, quien inició su actividad constituyendo una Agencia Consignataria de Buques en Santander y contrató los bergantines “Teresa” y “Tersicore” para el comercio con la isla de Cuba.



Como consecuencia de su estrecha relación con el primer Marqués de Comillas, la firma participó en la fundación de la “Compañía Transatlántica Española” en 1881. La compañía fue pasando de padres a hijos, dirigida por miembros de la familia, hasta llegar a D. Jaime Pérez-Maura, con quien alcanzó un gran desarrollo. Fue él quien impulsó el crecimiento de la empresa  hasta alcanzar su actual dimensión prestando los diversos servicios que ofrece el Grupo hoy en día. Cuando falleció en 1994 su viuda, Dña. Elena García Botín, le sucedió en la presidencia del Consejo de Administración hasta 2.014 cuando cesó en el cargo y fue nombrado presidente su hijo Angel Pérez-Maura.

Compañía

El Grupo Pérez y Cía. tiene la red más amplia de España, la cual cubre los puertos peninsulares y de las Islas Canarias. La sede central está en Madrid, y tiene 20 oficinas propias en los principales puertos, así como subagentes locales en varios pequeños y medianos puertos españoles, lo que permite ofrecer a los clientes la más amplia cobertura geográfica en el país.
La expansión en América a partir de 1979 refleja la vocación de servicio a nivel internacional; con implantación en el área del Caribe principalmente, y también en Colombia y Panamá.
Prestamos servicios de apoyo global a los sectores naviero y logístico con profesionalidad, eficiencia y respeto hacia el medio ambiente, en todos los eslabones de la cadena de suministro.

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Analistas reaccionaron ante las acciones del empresario español Ángel Pérez-Maura García, quien emprendió acciones legales para que la holandesa APM Terminals guarde silencio en torno al Caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por el cual tiene una orden de captura vigente.
Pérez-Maura, quien era vicepresidente del Grupo TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona) y director de la filial guatemalteca TCQ, es uno de los principales implicados en la trama de corrupción que permitió la firma de un contrato irregular de usufructo con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
El empresario está prófugo desde el 15 de abril y ahora busca que APM Terminals, la empresa que adquirió TCB, no revele información a las autoridades nacionales sobre el Caso por el cual es investigado.
El abogado y analista Ramón Cadena opinó en cuanto a la postura que debiera tener la Procuraduría General de la Nación (PGN) en este Caso.
Cadena indicó que al ser la encargada de los aspectos legales del Organismo Ejecutivo, la PGN debía abstenerse de ceder a algún tipo de negociación con los involucrados en el Caso.
“Si es llamada por el Ministerio Público, debe emitir un dictamen o presentar sus opiniones ante el tribunal sobre los contratos que se emitieron y tienen que colaborar con el MP para esclarecer el hecho”, dijo.
Además de esto, indicó que deberían rechazar la opción de llegar a “arreglos” con personas individuales o jurídicas involucradas en el Caso.
Según Cadena, debido a que el asunto atraviesa por un proceso penal, la solicitud puede ser ilegal.
A criterio del calificado, a ninguna persona individual o jurídica que esté sometida a un proceso se le puede pedir que guarde silencio, y mantenga un silencio cómplice con la corrupción.
En tanto Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) opinó que si la empresa es seria debe colaborar y en cuanto a Pérez, debe responder ante la justicia.
“Tiene que presentarse ante los tribunales a responder a los cargos que se le imputan, nadie anticipa que es culpable, pero su actitud de estar prófugo y pedir que se proteja la información, solo lo inculpa más”, señaló.
Celada explicó que ha existido debate sobre la llamada presunción de inocencia, pero en casos como este se hace difícil proceder, puesto que la actitud dice lo contrario.
Según Álvaro Pop, analista político independiente acotó: “es una estrategia de defensa por parte de Pérez- Maura, que trata de brindar culpas, asimismo existen fuertes sospechas de corrupción corporativa porque, ¿qué esconde?, si la empresa (APM) efectivamente se resiste en compartir información es porque hay riesgos”.
A decir de Pop subraya: “Toda empresa internacional y transaccional que invierta o se instale en Guatemala, acepta de buena fe cumplir con las normas nacionales, este es un principio mundial”.
Asimismo resalta Pop: “Habrá que revisar el acuerdo de asociación con la Unión Europea para ver cómo aplica en el Caso de Compañías Europeas – Holandesas, para compartir y estar efectivamente bajo el fuero de los tribunales nacionales. Porque efectivamente debemos regirnos bajo la Constitución y las normas nacionales, pero también hemos pactado una serie de compromisos con la Unión Europea”.
Además en este Caso “hay mucho más de responsabilidades corruptas, de lo que parece”, indica Pop.
*Con información de Kimberly López, Katerin Chumil y Virginia Contreras









Guatemala, abril 15 de 2016. Un nuevo caso de corrupción fue revelado hoy por la CICIG, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)
del Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación en el que están vinculados los exgobernantes Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti, así como otras 15 personas, de las cuales nueve fueron capturadas el hoy por las autoridades. Ellos son sindicados de participar en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal.
FUENTE  CICIG Pese las advertencias al Banco Mundial este invirtio en este negocio de la teminal de contenedores Quetzal 
Angel Pérez Maura García-Botín es el poderoso y aristocrático empresario español involucrado en el ¿Quien lo diría verdad? 

El Ministerio Público (MP), con acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), capturó a nueve personas y giró órdenes internacionales de captura en contra de otras cinco que estarían implicadas en un caso de corrupción por un contrato de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), donde también están involucrados Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. (PL) COMUNICADO DE PRENSA 025


NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN EN PORTUARIA QUETZAL VINCULA A EXGOBERNANTES
Fueron capturadas nueve personas

Guatemala, abril 15 de 2016. Un nuevo caso de corrupción fue revelado hoy por la CICIG, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación en el que están vinculados los exgobernantes Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti, así como otras 15 personas, de las cuales nueve fueron capturadas el hoy por las autoridades. Ellos son sindicados de participar en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal.
En conferencia de prensa, el Comisionado Iván Velásquez Gómez dio detalles de la investigación junto con la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, y el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas.
El contrato
La Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares. TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos, el cual estaba integrado por: Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elias (líderes de la estructura), Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Angel Pérez-Maura, Juan José Suarez Messeguer, Mauricio José Garin y Jhonatan Harry Chevez.
Ellos se aliaron para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.
Otto Fernando Pérez Molina designó en 2012 como "operador" de Puerto Quetzal -y enlace suyo- al empresario y piloto de aviación Guillermo Lozano Bauer, persona allegada a él, ya que voló helicópteros en los desplazamientos realizados como candidato a la Presidencia de la República, en época de campaña. En los primeros días del gobierno del Partido Patriota Pérez Molina atendió la recomendación que le hiciera su operador, Guillermo Lozano Bauer, de designar como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal al abogado Allan Herbert Marroquín Castillo, nombramiento que efectuó el 24 de enero de 2012.
Asimismo por recomendación de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, el 9 de marzo de 2012 se nombró a Julio Rolando Sandoval Cano como subinterventor y representante legal de la Empresa Portuaria Quetzal. Lozano Bauer incluyó como parte de su equipo a William Schwank López.
Las anteriores personas conformaron el círculo político de confianza en el manejo de la Empresa Portuaria Quetzal.
El contrato paralelo
Se ofreció pagar una parte de la comisión en dinero y otra a través de un paquete accionario de TCQ, S.A.
Por instrucción del expresidente, Juan carlos Monzón se reunió con los representantes de TCQ, Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez, donde expresó su desacuerdo con la fórmula de pago a través de un paquete accionario de TCQ, y exigió que la comisión les fuera cancelada en efectivo, a lo que accedieron los directivos.
En reuniones siguientes Juan carlos Monzón dio a conocer al grupo de negociadores, de origen español, la intención del presidente y de la exvicepresidenta de que los pagos no se extendieran más allá de sus mandatos, y exigiendo como fecha límite para cumplir lo pactado el mes de octubre de 2015.
El grupo de españoles le entregó a Juan Carlos Monzón un cuadro con los detalles de pagos, en el que se indicaba la distribución de lo pactado de la siguiente manera:
  • $24.5 MILLONES para "socio local"
  • $5 MILLONES para "Argentinos"
  • $0.5 MILLONES para gastos.
En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Juan Carlos Monzón le hizo saber a Pérez Molina que, en reunión sostenida por él en Cancún (México), que había llegado a un acuerdo con Juan José Suárez y Mauricio Garin de la forma y cronograma de pagos de los US$24 millones, de forma tal que se cumplía con las exigencias de los exgobernantes.
La “comisión” se distribuiría en proporción del 60% para el expresidente y la vicepresidenta, y el 40% para Juan Carlos Monzón.
Pérez Molina utilizó la calidad de su cargo como Presidente de la República para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la Nación. Intervino de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ; promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó directamente para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental y lograr de esa forma que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación.
Antejuicio magistrado CSJ
TCQ interpuso un amparo en contra del alcalde municipal del Puerto de San José, Jorge Rizzo, debido a que este quería obligar a TCQ a pagar licencia de construcción en la municipalidad. El monto que reclamaba la municipalidad ascendía a Q24 millones (219-2013 del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Escuintla). La empresa TCQ y miembros de la Portuaria se oponían al pago millonario.
Para resolver el problema con el alcalde Rizzo, Juan Carlos Monzón se reunió con el juez en ese entonces, Douglas Charchal Ramos, y con su asistente Mario Ruano San José y acuerdan gestionar una resolución favorable en el juzgado.
Por el anterior hecho, el Ministerio Público presentó el día de hoy una solicitud de antejuicio por tráfico de influencias contra Charchal Ramos, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Las capturas y delitos
  • Gustavo Adolfo Martínez Luna: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
  • Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
  • Lázaro Nóe Reyes Mata: enriquecimiento ilícito.
  • Julio César Zamora Álvarez: enriquecimiento ilícito.
  • Julio Norberto Esquivel Orellana: enriquecimiento ilícito.
  • Juan José Suárez Messeguer: asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
  • Jhonatan Harry Chévez: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Mario Ruano San José: tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
  • José Luna Argueta: cohecho pasivo.
El sindicado Jhonatan Harry Chévez fue la persona encargada de adquirir bienes e inmuebles a la expareja presidencial para lavar el dinero adquirido de manera ilícita.
Con orden de captura internacional
  • Guillermo Lozano Bauer: asociación ilícita
  • Allan Herbert Marroquín Castillo: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
  • William Schwank López: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
  • Angel Pérez-Maura: asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
  • Mauricio José Garin: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Guillermo Lozano Bauer: asociación ilícita.
Mientras que Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Baldetti Elíaas fueron citados la próxima semana por el Juzgado de Mayor Riesgo B para hacerles saber el nuevo proceso penal que deben enfrentar, en el cual son sindicados por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.

Los periodistas Marina Coronado y Carlos Canteo de la radio y el canal televisivo Nuevo Mundo entrevistaron el 22 de abril de 2016, al Comisionado Iván Velásquez Gómez y a la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, quienes hablaron entre otros temas sobre algunas de las investigaciones que trabajan en conjunto, el apoyo que ambos tienen a nivel nacional e internacional por su labor al frente de cada una de las instituciones que dirigen.
FUENTE CICIG

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