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El conflicto armado interno en Guatemala, el cual duró 36 años, concluyó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz y la entrada de la CICIG el año 2006

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Publicado por Conozca y opine acerca de las noticias más relevantes de Centroamèrica en Viernes, 11 de marzo de 2016
De acuerdo al mandato de la CICIG, su principal función es promover la desarticulación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Dado que el concepto de las CIACS no tiene parangón en la literatura de ciencias sociales o criminalísticas, existe una evidente dificultad para definir operativamente el término. El artículo 1 del Acuerdo de CICIG les define como aquellos grupos que “cometen acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos”, y que estén “vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o cuentan con capacidad de generar impunidad”. De acuerdo al mandato de la #CICIG, su principal función es promover la desarticulación de los #CIACS http://www.segurpricat.com/2016/04/el-conflicto-armado-interno-en.html Durante el 2015, Guatemala vivió con algarabía la desarticulación de varias redes de corrupción que ejemplifican una expresión de las CIACS: estructuras integradas por funcionarios y personas externas al aparato estatal, organizadas con el propósito de saquear al erario público, vía contratos fraudulentos, sobornos o tráfico de influencias. Esta es la realidad de casos como “La Línea” o “Negociantes de la salud”. Este tipo de CIACS ha proliferado desde los años noventa, y ha logrado cooptar la administración pública, utilizando como trampolín a los partidos políticos. Su aspiración es explotar la concepción patrimonial del Estado: la idea que la acción pública constituye una fuente de riqueza, y que el financiamiento electoral constituye la inversión para acceder al botín de lo público. No obstante, el más reciente de los casos develados por CICIG y el Ministerio Público ponen en la palestra a otra expresión de las CIACS. La desarticulación de la Red de los Mendoza ejemplifica la existencia de estructuras de poder territorial, con alta capacidad de fuego, enorme poder económico y capacidad de incidencia política, que feudalizan una porción del territorio nacional. Dichas redes no aspiran a cooptar el aparato estatal, sino por el contrario, aprovechan de la falta de presencia del Estado en el interior del país. Utilizando ejércitos privados de mercenarios y sicarios, las redes tipo Mendoza se convierten en pequeños Estados dentro del Estado: se constituyen en la fuerte de autoridad en un territorio; controlan las actividades económicas lícitas e ilícitas; apadrinan a las autoridades políticas locales; y violentan la normativa jurídica del Estado sin mayor miramiento. Lo complejo de desarticular CIACS de este segundo tipo es que representa un mayor reto para el Estado evitar que resurjan. En el caso de las CIACS del primer tipo, la solución pasa por reformas para el fortalecimiento institucional. Evitar el surgimiento de otra Línea requiere de un rediseño de la SAT; evitar negocios anómalos en el Estado requiere de un rediseño de la normativa de compras y contrataciones, de los sistemas de control y auditoría, o del sistema electoral. Pero para evitar que resurjan redes tipo “Mendoza”, el Estado tiene que generar presencia en zonas en donde históricamente ha estado ausente. Implica que las fuerzas del orden retomen el control del territorio, pero también, que las instituciones provean servicios públicos. En pocas palabras, evitar que resurjan redes tipo Mendoza requiere más que una reforma institucional, requiere de un Estado que llene vacíos históricos.

 

Finalizada la guerra en la republica de Guatemala se inicia el ambicioso proceso de establecer una sociedad democrática y global en Centroamèrica.

Sin embargo, veinte años más tarde, el país está plagado por la generalización de las de la delincuencia común y de las organizadas criminales, les llamaremos  #CIACS y todo encadenado por un legado de ineficacia por parte de las instituciones del sector justicia. Como en muchos otros países después de los conflictos, la aplicación de los Acuerdos de Paz se ha visto obstaculizada por la debilidad de las instituciones del Estado guatemalteco, la falta de voluntad política, y el aumento de delitos violentos.
Hay cerca de 6.000 homicidios por año en Guatemala, incluida la matanza generalizada de mujeres y niños. Sólo el 2% de estos crímenes llegan a juicio. Además, los recientes crímenes de alto perfil han confirmado la infiltración de redes de delincuencia organizada en el Estado de Guatemala. Estos grupos plantean una grave amenaza para el estado de derecho y amenazan con socavar otros avances en la democratización que el país arduamente ha logrado. El Estado enfrenta un reto muy serio en sus esfuerzos para hacer valer el estado de derecho y proteger los derechos humanos fundamentales como son la vida e integridad física de sus ciudadanos.
Un factor particularmente complejo son las contínuas acciones de cuerpos ilegales y aparatos clandestinas de seguridad CIACS, las cuales se desarrollaron a partir de las estructuras de contrainsurgencia del Estado y hoy en día aparecen y operan como redes parecidas a las mafias, las cuales están ampliamente relacionadas con actividades económicas ilícitas y crímenes violentos y ejercen fuerte influencia en las diversas instituciones del estado. En el Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994, el Gobierno de Guatemala se comprometió a "combatir cualquier manifestación" de " fuerzas ilegales de seguridad" y "maquinaria clandestina de seguridad". No obstante, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala conocida como MINUGUA, así como organizaciones de derechos humanos y el Procurador de los Derechos Humanos (Ombudsman), continuaron informando sobre la existencia de dichos grupos, implicándolos en amenazas a los defensores de los derechos humanos así como a los oficiales investigadores del sector de justicia, encargados de los crímenes políticos cometidos durante la guerra; y más ampliamente, en perpetrar crímenes violentos. En particular, las instituciones de los sectores de justicia y seguridad han sido penetradas y socavadas por estas mafias, lo que limita la capacidad del Estado para desmantelarlas.
Después de una ola de ataques contra defensores de los derechos humanos en 2002, una coalición de ONGS de derechos humanos lanzaron una campaña cuyo objetivo era persuadir al Gobierno para que estableciera un órgano encargado de investigar las actividades de estos grupos. A principios de 2003, el Gobierno de Guatemala pidió al Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de las Naciones Unidas, asistencia a fin de desarrollar un mecanismo que ayudara al Estado a investigar y enjuiciar los miembros de éstas. Después de debates y una misión de exploración técnica, Naciones Unidas firmó un acuerdo con el Gobierno de Guatemala el 7 de enero de 2004, el cual contenía disposiciones para la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Sin embargo, el acuerdo propuesto generó amplia controversia en Guatemala y enfrentó una fuerte oposición en el Congreso. Finalmente, se solicitó la opinión al Corte de Constitucionalidad sobre varios puntos, y el fallo fue que ciertas partes del acuerdo violaban la delegación constitucional exclusiva de poder el Ministerio Publico.
El Gobierno de Guatemala reescribió el texto para eliminar todas las cuestiones inconstitucionales planteadas por la CC y se acercó de nuevo al Departamento de Asuntos Políticos, a finales de 2005 con una petición para negociar el establecimiento de una comisión con un mandato revisado y un nuevo escrito le fue entregado al Secretario General el 31 de mayo de 2006. Prosiguieron las conversaciones con el Departamento de Asuntos Políticos, y el acuerdo para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se firmó con las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006, ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 de agosto de 2007, y entró en vigor el 4 de septiembre, cuando el Estado de Guatemala notificó a la ONU que había completado sus procedimientos internos para su aprobación y ratificación. Diez días más tarde, el Secretario General de la ONU nombró al Comisionado Carlos Castresana Fernández para estar al frente de la CICIG año 2006.
Fuente CICIG

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