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#Huehuetenango #Guatemala #ReformaJusticiaGT http://www.reformajusticiagt.org fue la sede del segundo encuentro regional del Diálogo Nacional: hacia la reforma de la justicia en Guatemala,


Huehuetenango fue la sede del segundo encuentro regional del Diálogo Nacional: hacia la reforma de la justicia en Guatemala

Donde participó la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, Thelma Aldana, quien forma parte de la Secretaría Técnica que acompaña la iniciativa.
En el acto también estuvieron presentes la Magistrada Vocal III de la Corte Suprema de Justicia, Vitalina Orellana;  el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez; el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque; el Secretario General de la Presidencia de la República, Carlos Martínez; y la Representante Adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Ana María Upegui.
“Estimo que Guatemala difícilmente va encontrar otro espacio histórico tan importante como este para propiciar justamente esa reforma al Sector Justicia que nace desde que Guatemala y su ciudadanía despertó, cansada de la corrupción, cansada de la impunidad y ahora es una sociedad vigilante de todos sus derechos, en ejercicio de esos derechos”, manifestó la Fiscal General durante su intervención.
Además, agregó que la participación ciudadana es y seguirá siendo clave. “No será suficiente reformar la Constitución Política de la República,  no será suficiente reformar las leyes del sector justicia si no van acompañadas de la vigilancia ciudadana puesto que de esta manera podemos enfrentar de manera fuerte al narcotráfico, al crimen organizado, a la corrupción y a la impunidad”, concluyó la Fiscal General.
El próximo fin de semana continúa la realización de los encuentros regionales del Diálogo Nacional que busca promover la discusión, aprobación e implementación de reformas concretas al sistema de justicia que contribuyan a la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, garantizando la independencia judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad.
Guatemala
La República de Guatemala, un país montañoso que se encuentra en el Istmo Centro Americano, tiene una población estimada de trece millones de habitantes. Guatemala obtuvo su independencia en 1821, después de casi tres siglos de dominio colonial Español. Las raíces de la nación yacen en la civilización Maya, que floreció en Guatemala y en sus regiones vecinas en el primer milenio D.C. La variada composición demográfica del país más populoso de Centro América refleja su herencia Maya, con habitantes mestizos, una mezcla de Españoles e Indígenas, y aquellos con descendencia europea comprenden el 60 por ciento de la población; el restante 40 por ciento, está compuesto por una población indígena- Maya.
Varios gobiernos militares y civiles han dominado Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX. Una guerra civil violente que duró treinta y seis años, comenzó en 1960 y terminó con el acuerdo de paz entre el gobierno y la organización de la guerrilla dominante, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).



El Conflicto Civil
La guerra civil en Guatemala es el resultado de limitaciones críticas en la democracia durante tres décadas de gobierno militar que comenzó en 1954, cuando un movimiento democrático anticipó el desarrollo de movimientos armados revolucionarios un década más tarde. Acuerdos comprensivos de Paz firmados en diciembre de 1996, dieron fin a la guerra y fueron el resultado de seis años de negociaciones patrocinadas por las Naciones Unidas y una apertura sin precedentes de la sociedad civil.
Los orígenes del conflicto interno - una desigualdad profundamente arraigada, discriminación étnica y la ausencia de espacio político para la oposición - , continuaron alimentando el conflicto, tanto que la guerra se convirtió en algo normal. Dando inicio en los años 60's, una nueva política de contrainsurgencia en forma de terror de estado y represión dispersa trataron de sofocar la oposición de cualquier forma. La política en la Guerra Fría jugó un papel muy crítico, así como el uso de Centro América por parte del gobierno de Estados Unidos, como una palanca contra la Unión Soviética y como un medio de implementar políticas anti - comunistas a través de la ayuda y las operaciones encubiertas comprobadas. Una Comisión de Clarificación Histórica (CEH por sus siglas en inglés) respaldada por las naciones Unidas encontró que el ejército cometió el 93 por ciento de las violaciones contra los derechos humanos durante la guerra, incluyendo cientos de masacres de civiles. Tantas como 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la guerra.
Las negociaciones de paz a principios de 1990 involucraban al gobierno, los insurgentes de la guerrilla, organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas en un rol de verificación y mediación y muchos gobiernos amigables diplomáticamente. Las negociaciones se convirtieron en la plataforma en la cual actores políticos , económicos y sociales compitieron por legitimidad y avanzaron sus propios programas -- incrementaron las oportunidades para acceder al mercado global, el regreso a una autoridad militar y mayor representación política.
Las fuerzas democráticas pavimentaron el camino de un diálogo de espectro social, pero hasta que las muchas manifestaciones tangibles de un sistema de justicia corrupto fueron purgadas de la vida diaria, la apertura social y política que inició en los años 60's, no podría producir resultados reales. El crimen urbano desenfrenado así como otros síntomas de subdesarrollo y desigualdad persistirán en una cultura que carezca de leyes.
El grado de violencia motivada por razones políticas y una brutalidad instituida como parte de la campaña de contrainsurgencia por parte del estado en los año 70's y los años 80's se ha reformulado como criminalidad intensa. La seguridad pública en Guatemala ha alcanzado niveles desastrosamente bajos. Guatemala tiene uno de los índices de asesinatos más altos en Latino América, con más de 45 homicidios por cada 100,000 personas en 2006, ocho veces mayor que el de Estados Unidos. El número estimado de asesinatos por día en Guatemala ha llegado a diecisiete, convirtiéndolo en uno de los países más violentos en el mundo. La oficina Guatemalteca de los Derechos Humanos, estima que las condenas obtenidas son únicamente del 6 por ciento de todos los casos criminales. De las 626 masacres que ocurrieron durante la guerra documentadas por la CEH, ha sido posible enjuiciar únicamente dos casos en las cortes de Guatemala. Una cultura a nivel nacional de impunidad y un progreso mínimo para reducir vastas desigualdades amenazaban con volcar el proceso de democratización que dio pie al celebrado proceso de paz en los años 90's.
El fallido sistema Guatemalteco de seguridad pública: Impunidad, corrupción e ilegitimidad.
El acuerdo de paz en Septiembre de 1996 que re definió las funciones de los militares en el estado y sociedad de Guatemala y efectivamente finalizó el conflicto armado -- titulado como fortalecimiento del poder civil y el papel de las fuerzas armadas en una sociedad democrática -- estipularon que los militares no tendrían de nuevo el mandato para reforzar la "seguridad nacional", doctrina bajo la cual las fuerzas armadas desarrollaron y llevaron a cabo la contrainsurgencia represiva y sistemática desde los años 60's . Las disposiciones del acuerdo indicaban una desmilitarización inmediata, reducción y reubicación de las tropas; desmantelar grupos paramilitares, y cambios definitivos a la misión y educación de los militares. El acuerdo de los Derechos Humanos, el primer acuerdo substantivo que fue firmado, concluyó en Marzo de 1994, haciendo un llamado para establecer inmediatamente mecanismos de verificación de las Naciones Unidas para monitorear los derechos humanos. A pesar del progreso temprano de la implementación de los acuerdos en las reformas militares y los acuerdos operacionales, incluyendo la reducción del ejército, una efectiva desmovilización de la guerrilla URNG y su inserción en la sociedad, una muy evidente impunidad y corrupción han caracterizado primordialmente al sistema de seguridad Guatemalteco desde los años 90's. En diciembre de 2006, el gobierno guatemalteco llegó a un acuerdo con las Naciones Unidas para establecer CICIG, como un esfuerzo para proveer "Fiscal de terceros" que interviene en nombre de las víctimas, clarifica el alcance que tiene los grupos armados ilícitos que se han infiltrado en el estado, y recomienda políticas con el fin de que sean disueltos. Mientras la CICIG representa un esfuerzo internacional legítimo para reducir la impunidad, el cambio genuino debe venir de la voluntad de fuerzas políticas y sociales para reformar la policía nacional y el sistema de justicia.
El crecimiento constante del crimen en Guatemala -- y el fracaso del estado y la policía para llevar a perpetradores ante la justicia -- ha vuelto corrupto el estándar de vida, estado de derecho, y aun más significativo, la legitimidad del estado ante los ojos de los ciudadanos. Las reformas del sector de seguridad son cruciales para la estabilidad en cada parte de la sociedad -- desarrollo sostenible, inclusión social y prácticas anti - discriminatorias, la erradicación de las violaciones a los derechos humanos y un papel más amplio para instituciones legislativas y civiles. Sin la voluntad política que se requiere para un compromiso genuino para establecer la ley y su aplicación como justa, bien cimentado y crucial para la función y mejora de la sociedad, el espíritu de los acuerdos de paz y el proceso de democratización tienen riesgo de crecimiento.
Aproximadamente 5,885 guatemaltecos sufrieron muertes violentas en 2006, 500 más en 2005 y un 60 por ciento de incremento en 2003 (BBC 2007). El relator especial de las naciones unidas para asesinatos extrajudiciales Philip Alston citó una alta incidencia en Guatemala, de horribles asesinatos de mujeres, linchamientos en áreas rurales, violencia en prisiones y el índice de un sólo dígito de condenas por asesinatos, en un reporte de febrero de 2007 sobre los derechos políticos y civiles del país. (ONU 2007). Adicional a la generalizada corrupción, Alston y otros monitoreos al sistema de justicia, apuntan a una falta de recursos financieros, fuerzas policiales insuficientes, y una división problemática de responsabilidades entre los militares y las fuerzas policíacas, y las fallas persistentes para investigar y enjuiciar crímenes serios. La impunidad, que es el problema más serio y abrumador, debe ser tratada antes de que los ciudadanos esperen un progreso hacia una sociedad más equitativa y segura.

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