Los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad #Ciacs pueden definirse como “redes ilegales conformadas por civiles y militares que pertenecieron o pertenecen a las estructuras del Estado

Los orígenes de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) se dan en el conflicto civil de Guatemala. Lo que comenzó como una lucha por la tierra y los derechos laborales en los años cincuenta se convirtió en una guerra civil a gran escala en los sesenta. Varios grupos guerrilleros surgieron (tanto urbanos como rurales), algunos de los cuales incluyeron exoficiales militares. En medio de la confusión, el ejército guatemalteco tomó el poder y lo mantuvo hasta mediados de los años ochenta. En el transcurso del conflicto se creó un aparato de inteligencia elaborado y sofisticado, cuya parte más importante era el Estado Mayor Presidencial (EMP), que llegó a ser encabezado por el actual presidente Otto Pérez Molina.
El EMP fue creado en los años setenta, con el pretexto de proteger al presidente y a su familia. Con el tiempo, se convirtió en un servicio de inteligencia que se centró en las actividades de las fuerzas de oposición y movimientos políticos, y eventualmente se convirtió en una fuerza represiva. El EMP, o lo que fue conocido como el "Archivo" por los temidos documentos que mantenían sobre los enemigos del estado, estuvo involucrado en numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Un documento de inteligencia militar obtenido de los archivos del gobierno de Guatemala menciona a 183 guatemaltecos que el EMP desapareció entre 1983 y 1985. Tribunales guatemaltecos también encontraron a un oficial del EMP responsable del asesinato en 1990 de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack. El EMP fue el foco de la investigación por la muerte de un líder guerrillero que estaba casado con una ciudadana de Estados Unidos y el asesinato del Obispo Juan José Gerardi.
En lugar de abolir esta unidad al final de la guerra civil en 1996, el presidente Álvaro Arzú aumento su dependencia a ella, y le dio otra función: la lucha contra el secuestro. Más tarde ascendió al entonces director, el general Marco Tulio Espinosa, nombrándolo ministro de defensa.
El congreso abolió el EMP en 2003, y creó la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS). La SAAS recibió entrenamiento de Israel, España y Estados Unidos. Sin embargo, los críticos argumentaron que el gobierno aún no ha creado un filtro adecuado para investigar la unidad nueva o asegurarse de que no esté infestada por exoficiales corruptos del EMP.
Desde su creación, el acceso del EMP a la presidencia le daba la posibilidad de ejercer influencia directa sobre la dirección del gobierno. Algunos funcionarios y exfuncionarios de seguridad dicen que el EMP, y sus empleados, fueron el núcleo de los "poderes ocultos" que manejaron al estado guatemalteco durante años. Estos "poderes ocultos" incluían oficiales activos y exmilitares, agentes de las fuerzas especiales y altos funcionarios del gobierno. Muchos de ellos trabajaban en ramas de la inteligencia como el EMP, el G-2 o el D-2. En algunos casos, llevaban a cabo sus propias operaciones. En otros casos, ofrecían sus servicios, parte de los cuales incluían el acceso a inteligencia, armas, la experiencia de planificación y una garantía casi total de impunidad.
Estos "poderes ocultos", terminaron siendo conocidos como CIACS. El más famoso de ellos fue la "Cofradía" o "La Hermandad", en referencia a los grupos formados por los ancianos en las aldeas de las tierras mayas altas. Por su parte, la Cofradía militar comenzó como un grupo élite de oficiales de inteligencia que trabajó con grupos de inteligencia militar. Estos oficiales, a menudo los mejores y más brillantes de sus clases, formaron un "club", según documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Con el tiempo la Cofradía también se convirtió en una empresa criminal organizada, donde muchos de estos mismos oficiales militares socavaban la autoridad de los gobiernos civiles usando los servicios de inteligencia y aprovechando su amplio conocimiento de las brechas en la seguridad pública para ganar dinero legítima e ilegítimamente. Las actividades delictivas de la Cofradía incluían el narcotráfico, el contrabando Y la venta de pasaportes guatemaltecos, operaciones ilegales de adopción y muchas otras empresas ilegales. Adicionalmente, malversaban dinero del gobierno, vendían armas en el mercado negro e ingeniaban contratos lucrativos de obras públicas, todo por una cuota.

Es inevitable pensar y darse cuenta de que después de los plantones públicos y manifestaciones ciudadanas, las élites intencionaron una estrategia de contención política altamente efectiva, basada en el entrampamiento institucional (mesas separadas quitándoles abordaje integral a las transformaciones), en la histórica cultura antidemocrática de respetar las diferencias (aunque colateral, la homofobia imperante en la coyuntura), en el caudillismo oenegero (los gurúes que deciden las cuestiones torales y acaparan medios), y que bajo el andamiaje jurídico (el mito del orden constitucional y de la cultura de legalidad) han diluido la agresividad de la movilización social, de sus propuestas y planteamientos para la refundación del Estado.


Y en este sentido, luego de los movimientos en contra de la corrupción sistémica, quizá la problemática social que aún nos sirve como elemento cohesionador para profundizar la crisis (lacerar nuevamente la gangrena societal), sea demandar el desmantelamiento de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs), pues no podemos avanzar hacia una reforma integral del Estado o la refundación del mismo, sin entrarle al estudio sistemático y acciones políticas concretas para desmontar dichas estructuras criminales que han cooptado desde las entrañas el aparato público.

Los Ciacs pueden definirse como “redes ilegales conformadas por civiles y militares que pertenecieron o pertenecen a las estructuras del Estado, donde también hay funcionarios de distinto rango, empresarios y, en general, personas de distintos sectores nacionales que responden a determinados fines, empleando sus medios de poder. Los Ciacs no constituyen un grupo único y monolítico, sino son redes que han cooptado las instituciones públicas, creando un estado de mafia corporativa. Es decir, una alianza nefasta entre los sectores tradicionales de la oligarquía, algunos ‘nuevos empresarios’, elementos de la policía, el ejército, y delincuentes comunes”. (Wola, 2004).

Los Ciacs fueron evolucionando hacia el crimen organizado y la corrupción sistémica por medio de las violencias, el soborno, el amedrentamiento, la impunidad, la manipulación mediática y el financiamiento del sistema político. Los Ciacs, en esencia, ejercen el poder real en forma paralela, a la sombra de la institucionalidad del Estado (La Línea, IGSS-Pisa, mafias en PNC, corrupción en el Congreso, Comisiones de Postulación, entre otros).

Empero, debemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿Hasta dónde las reformas a las leyes cocinadas en el Congreso nos permitirán desmantelar los Ciacs? ¿Disolver el Ejército nos garantiza una reducción significativa del poder de los Ciacs? ¿Cómo desmontar los Ciacs mayoritariamente privados? ¿Y la influencia de los Ciacs supranacionales (DEA, OMC, FEM, CIA y Otán)?

Finalmente, si no desmantelamos los Ciacs, los chapuces jurídicos, políticos e institucionales serán en vano, solamente pondrán a prueba la sofisticación adaptativa de los Ciacs ante nuevas realidades emergentes, ante una “democracia de calle” postconflicto que quiere quitarle sus privilegios históricos.
Fuente Franco Martinez Mont