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Los Cinco actores principales clave en la lucha contra la #impunidad en #GUATEMALA #CICIG

 Reportaje de La Hora sobre los actores clave en la lucha contra la impunidad
Guatemala, abril 29 de 2016. El verspertino La Hora publicó un reportaje sobre los cinco actores clave en la lucha contra las estructuras criminales enquistadas en el Estado. Ellos son: El Comisionado Iván Velásquez Gómez; la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández; el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara; el director de la PNC, Nery Ramos, Ramos; y el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa. (Se publica con fines informativos).
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 FUENTE CICIG

Cinco actores clave en la lucha contra la impunidad

Por redacción La Hora
La lucha contra la impunidad requiere del apoyo de todos los sectores que conforman el país, pero también de personajes clave que dirijan los cambios necesarios para fortalecer las instituciones encargadas del combate a las estructuras criminales enquistadas en el Estado. Los retos de estas figuras públicas son grandes, pero ya dieron los primeros pasos para lograr verdaderas transformaciones en el sistema. ¿Quiénes son estos actores y qué obstáculos deberán enfrentar?
THELMA ALDANA: LA SORPRESA
Thelma Aldana fue electa como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) el 9 de junio de 2014 por el expresidente Otto Pérez Molina. El nombramiento de la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) generó mucha suspicacia entre los observadores del proceso, ya que desde antes de su designación, se rumoraba que era la favorita del Ejecutivo por sus vínculos a grupos de poder con influencia en las comisiones de postulación y la línea conservadora que mantenía en sus fallos. No se esperaba ninguna sorpresa de Aldana, más que continuara con la pasividad sospechosa de sus antecesores.
Sin embargo, la fiscal demostró la independencia del órgano que la eligió el 16 de abril de 2015, cuando, junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el MP destapó el caso de corrupción más importante de los últimos años: el caso de la estructura de defraudación aduanera La Línea, que finalmente llevo a la renuncia y posterior procesamiento del exbinomio presidencial.
A este caso se han sumado otras investigaciones que han tocado a las más altas esferas del Gobierno y las élites económicas, los cuales impulsaron una indignación ciudadana que, a un año de desestructurada La Línea, todavía demanda reformas urgentes al sistema.
Gerson Sotomayor, experto en temas de justicia, señaló que el principal reto de la fiscal general es fortalecer la institucionalidad del MP.
Grandes avances se realizaron con la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del ente investigador, pero aún falta mucho para tener una Fiscalía General efectiva e independiente, explicó.
Uno de los principales factores en contra de este fortalecimiento es la falta de presupuesto, ya que, a pesar de que la readecuación presupuestaria aprobada por el Congreso incrementa los fondos del MP, todavía no es suficiente para elevar su cobertura nacional y contratar más personal.
Para Domingo López, abogado litigante de la Procuraduría General de la Nación, otro reto será llevar a sentencias los casos de corrupción, ya que hay grupos con mucha influencia que intentarán deslegitimar los esfuerzos de los investigadores.
Actualmente Aldana lidera el diálogo nacional para la reforma del sector justicia y el proceso de implementación de la Política Criminal del Estado.
IVÁN VELASQUEZ, EL TEMIBLE
Como Iván “El Temible” bautizaron los usuarios de redes sociales al comisionado Iván Velázquez, quien sin duda ha hecho temblar a los poderes paralelos del país. Con una gran trayectoria en la investigación de la parapolítica en Colombia, llegó a Guatemala a finales del 2013 para hacerse cargo de la CICIG.
El comisionado dio un giro inesperado a la línea en la que hasta entonces había trabajado la Comisión, devolviéndole el respeto y la fortaleza a la entidad internacional.
Velázquez impulsó complejas investigaciones en coordinación con la fiscal general, con las cuales demostró los niveles de podredumbre de la institucionalidad en el país. Así mismo se ha encargado de promover reformas imprescindibles para la reforma del sector justicia, a modo de fortalecer los órganos judiciales para que, en un futuro, ya no dependan de la CICIG.
Su trabajo le ha ganado el respaldo de gran parte de la sociedad guatemalteca y de organizaciones académicas o civiles, al punto que el expresidente Otto Pérez Molina tuvo que firmar la renovación del mandato de la Comisión contra su propia voluntad, debido a la presión popular y diplomática para que lo hiciera.
El informe “Contra todos los pronósticos: la CICIG en Guatemala”, presentado ayer por Open Society, destaca los avances alcanzados por la CICIG con el desmantelamiento de casos importantes de mafias políticas y estructuras político-criminales; sin embargo, reconoce que los vicios del sistema persisten, dificultando cambios en los intereses que mueven al país.
Lo retos señalados por el informe tienen que ver con mantener el impulso de los casos de corrupción revelados en 2015 y de las reformas judiciales que deben ser aprobadas en los próximos meses.
Un obstáculo para alcanzar estas metas es que Guatemala continúa siendo dirigida por una clase política nueva, inexperta y fragmentada que no da signos de querer transformar verdaderamente el sistema.
Además, aún hay redes del crimen organizado que, incomodadas por el trabajo de la CICIG y el MP, hacen todo lo posible por desestabilizar su imagen y los procesos a su cargo.
FRANCISCO RIVAS, HOMBRE DE CONFIANZA
Francisco Rivas Lara dirige una cartera clave para la lucha contra la impunidad: el Ministerio de Gobernación. Hasta hace poco, el funcionario era el primer subsecretario del MP, encargado de coordinar investigaciones de casos de alto impacto y persecución penal estratégica.
Rivas llegó a la Fiscalía en 2003 como auxiliar de la unidad que se dedica a combatir los delitos sexuales y adopciones irregulares, y luego fue escalando hasta trabajar de cerca con la exfiscal general Claudia Paz y Paz.
Esta vinculación al trabajo del MP, le dio credibilidad ante la sociedad civil, que se manifestó satisfecha con su nombramiento.
En una conferencia de prensa, Iván Velázquez dio un espaldarazo de apoyo a Rivas Lara, señalando que “hay una excelente disposición en la relación del Ministerio de Gobernación con la CICIG para contribuir y realizar actividades conjuntas”.
Como primer logro, el Ministerio ha destacado la reducción de asesinatos en los primeros tres meses del año, en comparación con el mismo período del año anterior.
El ministro le ha apostado al fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, la reducción de la incidencia criminal y a la reestructuración del Sistema Penitenciario.
Entre los principales retos del Ministro está continuar con la reestructuración y fortalecimiento de la PNC, establecer planes de fiscalizar para combatir la corrupción a todo nivel, reestructurar el Sistema Penitenciario y construir más cárceles, capacitar y tecnificar la PNC, optimizar los recursos económicos que recibirá en el presupuesto e implementar una estrategia multisectorial que luche en contra de las estructuras delictivas.
Además, ayer se presentó oficialmente la Política Criminal del Estado, la cual pretende definir los lineamientos de acción de las entidades de seguridad y justicia, del presente hasta 2035.
El proyecto es impulsado por la fiscal general, Thelma Aldana, pero el Ministerio de Gobernación jugará un papel importante en el apoyo a la prevención, investigación, sanción y reinserción, que son los principales ejes que definen esta política.
NERY RAMOS, A CARGO DEL BRAZO DERECHO DEL MINGOB
Nery Ramos Ramos fue nombrado Director de la PNC en septiembre de 2015 por la exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal. Antes de tomar posesión, fungió como subdirector General en Investigación Criminal; tiene una carrera de 15 años de servicio dentro de la institución policial.
El Ministro de Gobernación, Francisco Lara, lo confirmó en su posición y desde entonces trabajan juntos en el combate a la criminalidad.
El principal reto de la PNC es fortalecerse y autodepurarse. A criterio de Helen Mack, excomisionada para la Reforma Policial, es importante iniciar por dignificar a los policías, pues de esa forma se evitará que se involucren en actos de corrupción.
“Yo sigo insistiendo en el tema del bienestar policial, porque mientras no se atienda es una fuente de corrupción, y motiva a que los policías se corrompan por las malas condiciones de cómo viven, que son muy desalentadoras; el Estado tiene que ver cómo enfrentar eso”, indicó.
De acuerdo con Mack, las autoridades deben prestar atención a buscar mecanismos de prevención y no de reacción, pues esto continúa sucediendo.
“Desafíos hay muchos, está el tema de los controles de la Policía, de Inspectoría, de una Policía que responda a la realidad de Guatemala, que no siga siendo represiva sino preventiva, la parte preventiva siempre será más barata y esa es su función”, indicó.
Por otro lado, la entrevistada reiteró la necesidad de trabajar contra la corrupción y actos delictivos en los que incurren algunos policías, además de apostar por implementar una Doctrina Policial adecuada.
Mack consideró como un avance la Escuela de Formación de Oficiales, pues es un intento por profesionalizar a los policías, aunque dijo que es necesario plasmar claramente los principios policiales.
JUAN FRANCISCO SOLÓRZANO, OTRO HOMBRE DE CONFIANZA
El pasado 9 de marzo el presidente Jimmy Morales juramentó a Juan Francisco Solórzano Foppa como titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quien deberá encarar diversos retos para aumentar la recaudación y limpiar la institución.
El funcionario trabajó 32 años en el MP, en análisis de estructuras de defraudación fiscal, aduanera y criminales.
En el comunicado en el que anunció su nombramiento, el Ejecutivo señaló que Solórzano Foppa “recibió el reconocimiento de la CICIG, por el apoyo brindado en el Caso La Línea, por haber participado en la dirección y supervisión personal del equipo de análisis”.
El funcionario estuvo al frente de la Dirección de Análisis Criminal de la Fiscalía y estuvo vinculado con las investigaciones de los casos La Línea, Cigarreros y Agua Miel.
Solórzano debe enfrentarse a un reto grande pues tomará el control de una institución que ha perdido la credibilidad frente a la ciudadanía, que tiene niveles de productividad muy bajos y que cuenta con empleados desmotivados por casos de corrupción en los que se han visto involucradas personas que antes laboraron en la institución.
Los dos antecesores de Solórzano Foppa, Carlos Muñoz y Óscar Franco, enfrentan proceso penal y están en prisión preventiva por presuntamente prestarse a actos de corrupción.
Abelardo Medina, analista económico del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que “en principio, el nuevo titular debe conformar un equipo que lo ayude a recuperar su productividad, en cuanto a la recaudación fiscal, control de aduanas y sus demás funciones”, explica.
De la misma forma, el analista asegura que la recuperación de la credibilidad hacia la institución de parte de los contribuyentes, es fundamental en este proceso de recuperación pero es apenas una “pequeña parte” del trabajo que esta entidad requiere.
“Para recuperar esa credibilidad lo primero que debe hacer es luchar para eliminar los focos de discrecionalidad y lograr que los procesos de la SAT recuperen la transparencia”, dijo.
El día de su toma de posesión, el nuevo jefe de la SAT dijo que asumió el compromiso en el esfuerzo institucional de volver a la SAT hacia el objetivo por el que fue creada y pidió a la población de que “empiece a confiar” para que el aumento en la recaudación sea el reflejo de las buenas acciones que se hayan tomado.
En fecha reciente, el Ministerio de Finanzas y la SAT presentaron una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la entidad recaudadora, con el fin de fortalecer su capacidad de fiscalización. La iniciativa aún debe ser discutida en el Congreso de la República.
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Julian Flores Garcia siseguridad
Guatemala
La República de Guatemala, un país montañoso que se encuentra en el Istmo Centro Americano, tiene una población estimada de trece millones de habitantes. Guatemala obtuvo su independencia en 1821, después de casi tres siglos de dominio colonial Español. Las raíces de la nación yacen en la civilización Maya, que floreció en Guatemala y en sus regiones vecinas en el primer milenio D.C. La variada composición demográfica del país más populoso de Centro América refleja su herencia Maya, con habitantes mestizos, una mezcla de Españoles e Indígenas, y aquellos con descendencia europea comprenden el 60 por ciento de la población; el restante 40 por ciento, está compuesto por una población indígena- Maya.
Varios gobiernos militares y civiles han dominado Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX. Una guerra civil violente que duró treinta y seis años, comenzó en 1960 y terminó con el acuerdo de paz entre el gobierno y la organización de la guerrilla dominante, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).



El Conflicto Civil
La guerra civil en Guatemala es el resultado de limitaciones críticas en la democracia durante tres décadas de gobierno militar que comenzó en 1954, cuando un movimiento democrático anticipó el desarrollo de movimientos armados revolucionarios un década más tarde. Acuerdos comprensivos de Paz firmados en diciembre de 1996, dieron fin a la guerra y fueron el resultado de seis años de negociaciones patrocinadas por las Naciones Unidas y una apertura sin precedentes de la sociedad civil.
Los orígenes del conflicto interno - una desigualdad profundamente arraigada, discriminación étnica y la ausencia de espacio político para la oposición - , continuaron alimentando el conflicto, tanto que la guerra se convirtió en algo normal. Dando inicio en los años 60's, una nueva política de contrainsurgencia en forma de terror de estado y represión dispersa trataron de sofocar la oposición de cualquier forma. La política en la Guerra Fría jugó un papel muy crítico, así como el uso de Centro América por parte del gobierno de Estados Unidos, como una palanca contra la Unión Soviética y como un medio de implementar políticas anti - comunistas a través de la ayuda y las operaciones encubiertas comprobadas. Una Comisión de Clarificación Histórica (CEH por sus siglas en inglés) respaldada por las naciones Unidas encontró que el ejército cometió el 93 por ciento de las violaciones contra los derechos humanos durante la guerra, incluyendo cientos de masacres de civiles. Tantas como 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la guerra.
Las negociaciones de paz a principios de 1990 involucraban al gobierno, los insurgentes de la guerrilla, organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas en un rol de verificación y mediación y muchos gobiernos amigables diplomáticamente. Las negociaciones se convirtieron en la plataforma en la cual actores políticos , económicos y sociales compitieron por legitimidad y avanzaron sus propios programas -- incrementaron las oportunidades para acceder al mercado global, el regreso a una autoridad militar y mayor representación política.
Las fuerzas democráticas pavimentaron el camino de un diálogo de espectro social, pero hasta que las muchas manifestaciones tangibles de un sistema de justicia corrupto fueron purgadas de la vida diaria, la apertura social y política que inició en los años 60's, no podría producir resultados reales. El crimen urbano desenfrenado así como otros síntomas de subdesarrollo y desigualdad persistirán en una cultura que carezca de leyes.
El grado de violencia motivada por razones políticas y una brutalidad instituida como parte de la campaña de contrainsurgencia por parte del estado en los año 70's y los años 80's se ha reformulado como criminalidad intensa. La seguridad pública en Guatemala ha alcanzado niveles desastrosamente bajos. Guatemala tiene uno de los índices de asesinatos más altos en Latino América, con más de 45 homicidios por cada 100,000 personas en 2006, ocho veces mayor que el de Estados Unidos. El número estimado de asesinatos por día en Guatemala ha llegado a diecisiete, convirtiéndolo en uno de los países más violentos en el mundo. La oficina Guatemalteca de los Derechos Humanos, estima que las condenas obtenidas son únicamente del 6 por ciento de todos los casos criminales. De las 626 masacres que ocurrieron durante la guerra documentadas por la CEH, ha sido posible enjuiciar únicamente dos casos en las cortes de Guatemala. Una cultura a nivel nacional de impunidad y un progreso mínimo para reducir vastas desigualdades amenazaban con volcar el proceso de democratización que dio pie al celebrado proceso de paz en los años 90's.
El fallido sistema Guatemalteco de seguridad pública: Impunidad, corrupción e ilegitimidad.
El acuerdo de paz en Septiembre de 1996 que re definió las funciones de los militares en el estado y sociedad de Guatemala y efectivamente finalizó el conflicto armado -- titulado como fortalecimiento del poder civil y el papel de las fuerzas armadas en una sociedad democrática -- estipularon que los militares no tendrían de nuevo el mandato para reforzar la "seguridad nacional", doctrina bajo la cual las fuerzas armadas desarrollaron y llevaron a cabo la contrainsurgencia represiva y sistemática desde los años 60's . Las disposiciones del acuerdo indicaban una desmilitarización inmediata, reducción y reubicación de las tropas; desmantelar grupos paramilitares, y cambios definitivos a la misión y educación de los militares. El acuerdo de los Derechos Humanos, el primer acuerdo substantivo que fue firmado, concluyó en Marzo de 1994, haciendo un llamado para establecer inmediatamente mecanismos de verificación de las Naciones Unidas para monitorear los derechos humanos. A pesar del progreso temprano de la implementación de los acuerdos en las reformas militares y los acuerdos operacionales, incluyendo la reducción del ejército, una efectiva desmovilización de la guerrilla URNG y su inserción en la sociedad, una muy evidente impunidad y corrupción han caracterizado primordialmente al sistema de seguridad Guatemalteco desde los años 90's. En diciembre de 2006, el gobierno guatemalteco llegó a un acuerdo con las Naciones Unidas para establecer CICIG, como un esfuerzo para proveer "Fiscal de terceros" que interviene en nombre de las víctimas, clarifica el alcance que tiene los grupos armados ilícitos que se han infiltrado en el estado, y recomienda políticas con el fin de que sean disueltos. Mientras la CICIG representa un esfuerzo internacional legítimo para reducir la impunidad, el cambio genuino debe venir de la voluntad de fuerzas políticas y sociales para reformar la policía nacional y el sistema de justicia.
El crecimiento constante del crimen en Guatemala -- y el fracaso del estado y la policía para llevar a perpetradores ante la justicia -- ha vuelto corrupto el estándar de vida, estado de derecho, y aun más significativo, la legitimidad del estado ante los ojos de los ciudadanos. Las reformas del sector de seguridad son cruciales para la estabilidad en cada parte de la sociedad -- desarrollo sostenible, inclusión social y prácticas anti - discriminatorias, la erradicación de las violaciones a los derechos humanos y un papel más amplio para instituciones legislativas y civiles. Sin la voluntad política que se requiere para un compromiso genuino para establecer la ley y su aplicación como justa, bien cimentado y crucial para la función y mejora de la sociedad, el espíritu de los acuerdos de paz y el proceso de democratización tienen riesgo de crecimiento.
Aproximadamente 5,885 guatemaltecos sufrieron muertes violentas en 2006, 500 más en 2005 y un 60 por ciento de incremento en 2003 (BBC 2007). El relator especial de las naciones unidas para asesinatos extrajudiciales Philip Alston citó una alta incidencia en Guatemala, de horribles asesinatos de mujeres, linchamientos en áreas rurales, violencia en prisiones y el índice de un sólo dígito de condenas por asesinatos, en un reporte de febrero de 2007 sobre los derechos políticos y civiles del país. (ONU 2007). Adicional a la generalizada corrupción, Alston y otros monitoreos al sistema de justicia, apuntan a una falta de recursos financieros, fuerzas policiales insuficientes, y una división problemática de responsabilidades entre los militares y las fuerzas policíacas, y las fallas persistentes para investigar y enjuiciar crímenes serios. La impunidad, que es el problema más serio y abrumador, debe ser tratada antes de que los ciudadanos esperen un progreso hacia una sociedad más equitativa y segura.

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