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Quetzaltenango es un departamento de Guatemala con participación ciudadana en las mesas regionales del Diálogo Nacional por la #ReformaJusticiaGt


#Quetzaltenango es un departamento de Guatemala donde la #CICIG tendra una sede regional .

La reforma al sector justicia que impulsan los tres organismos del Estado de Guatemala comenzó hoy en la ciudad occidental de Quetzaltenango con la participación de 500 líderes indígenas y campesinos.







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El gobierno de Estados Unidos anunció la donación de US$1 millón de dolares a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala #CICIG , que servirá para establecer una sede regional de ese ente en la ciudad de #Quetzaltenango.
La propuesta de reforma constitucional en materia de justicia no resuelve ni cambia el actual Estado racista y monocultural, ante lo cual es necesario un nuevo ordenamiento político profundo que reconozca el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país y los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, expusieron representantes del Observatorio.
Otros sectores coincidieron en que el Congreso no elija a magistrados y en reconocer el sistema jurídico maya.
La Academia Quetzalteca de Constitucionalistas propone modificar la selección del Congreso, con la eliminación de las listas nacionales y que queden únicamente los listados distritales, para que sean abiertas para votar por un determinado candidato.

Resaltan necesidad

A la inauguración del Diálogo Departamental asistieron el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas, y el secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez. El presidente Jimmy Morales no estuvo presente y nadie en la mesa principal representó al Congreso.
También asistieron los integrantes de la Secretaría Técnica, Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público; Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); y Jorge de León, procurador de los Derechos Humanos. Además, Ana María Upegui, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos.
“Esta es una reflexión sobre cuál debe ser el futuro de ese sistema de justicia y qué reformas sustanciales en la Constitución Política son necesarias introducir”, manifestó el jefe de la Cicig.
La fiscal general expresó: “Dejamos de ser aquel país que miraba la corrupción como algo natural en su cultura. La reforma constitucional es imperativa y necesaria”.
Hoy se inaugura el Diálogo en Huehuetenango, después en Alta Verapaz, Zacapa, Petén, Jutiapa y Sacatepéquez. En Guatemala se lanzó el 25 de abril recién pasado.
La propuesta inicial de reformas constitucionales, elaborada por los presidentes de los tres poderes del Estado, incluye ampliación de los períodos de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, así como del fiscal general. También modifica el procedimiento para la elección de magistrados, al dejar fuera a los decanos de las universidades, y plantea la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de magistrados.

Un pacto social

El  Observatorio Indígena sugiere que el Diálogo sea visto como una oportunidad para comenzar la discusión sobre la refundación del Estado, bajo un pacto social y político de proporcionalidad étnica y de género. “Haremos nuestros aportes, como el reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos indígenas”, indicó.

Cambio en Congreso

Alan Estrada, de la  Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, dijo que ven   positiva la reforma constitucional  enfocada en el sector de justicia, pero antes de la reforma se deben tratar a fondo algunos temas relacionados con el Congreso, ya que sigue siendo el que elige a los magistrados de la CSJ y el TSE.

Pluralismo jurídico

Édgar  Racancoj, de la Red Departamental para la Prevención de la Discriminación y el Racismo, considera que  lo importante es velar por el pluralismo jurídico.
“Guatemala es multicultural. Nuestra propuesta es que el reconocimiento del pluralismo jurídico sea real e incluir el racismo como un delito”, expresó.

Reconocer sistema

Luis  Ramírez, alcalde comunitario de Olintepeque, Quetzaltenango, e integrante del Colectivo Ciudadano, expresó que las reformas deben reconocer el sistema jurídico maya. “La propuesta que existe ahora no contempla reconocer el sistema jurídico maya para visibilizar los usos y costumbres para una reforma plurinacional”, enfatizó.

El subsecretario de Estados Unidos EEUU , D.William Brownfield, quien está de visita en el país, indicó que los fondos a la Comisión  #Cicig son recursos “muy bien destinados”. El funcionario estadounidense también señaló que el ente internacional sirve de ejemplo para el mundo.
Los héroes auténticos en el drama fue el pueblo guatemalteco que gritó al unísono ya basta, indicó el subsecretario D. Brownfield.
En la rueda de prensa en la que se anunció la donación participaron el embajador de Estados Unidos EEUU,  D. Todd Robinson, el comisionado Iván Velásquez, la fiscal general Ministerio  Público DªThelma Aldana y la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Guatemala, Dª. Valerie Julliand.

El gobierno de Estados Unidos anunció la donación de US$1 millón a la Comisión Internacional contra la Impunidad en…
Posted by Consultoria de seguridad y formación autoprotección Integral de Guatemala on Viernes, 4 de marzo de 2016
La fiscal Aldana manifestó su agradecimiento por los fondos recibidos e indicó que “el trabajo de la CICIG no se detiene. Vamos a Quetzaltenango a desarrollar ese trabajo conjunto”.
Por su parte el Comisionado de la CICIG , D.Iván Velásquez, indicó que la contribución monetaria de países amigos no debe suplir la necesidad urgente de recursos para las instituciones de justicia, que el país tiene que surtir.
La urgente necesidad de que el Ministerio Publico fortalezca sus fiscalías de sección es inaplazable, indicó Velásquez. Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad y fortalezca todas las instancias de justicia, anotó.
 #Quetzaltenango es un departamento de Guatemala con participación ciudadana #Mesasregionales #ReformaJusticiaGt 

#Quetzaltenango #Guatemala 


Guatemala
La República de Guatemala, un país montañoso que se encuentra en el Istmo Centro Americano, tiene una población estimada de trece millones de habitantes. Guatemala obtuvo su independencia en 1821, después de casi tres siglos de dominio colonial Español. Las raíces de la nación yacen en la civilización Maya, que floreció en Guatemala y en sus regiones vecinas en el primer milenio D.C. La variada composición demográfica del país más populoso de Centro América refleja su herencia Maya, con habitantes mestizos, una mezcla de Españoles e Indígenas, y aquellos con descendencia europea comprenden el 60 por ciento de la población; el restante 40 por ciento, está compuesto por una población indígena- Maya.
Varios gobiernos militares y civiles han dominado Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX. Una guerra civil violente que duró treinta y seis años, comenzó en 1960 y terminó con el acuerdo de paz entre el gobierno y la organización de la guerrilla dominante, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).



El Conflicto Civil
La guerra civil en Guatemala es el resultado de limitaciones críticas en la democracia durante tres décadas de gobierno militar que comenzó en 1954, cuando un movimiento democrático anticipó el desarrollo de movimientos armados revolucionarios un década más tarde. Acuerdos comprensivos de Paz firmados en diciembre de 1996, dieron fin a la guerra y fueron el resultado de seis años de negociaciones patrocinadas por las Naciones Unidas y una apertura sin precedentes de la sociedad civil.
Los orígenes del conflicto interno - una desigualdad profundamente arraigada, discriminación étnica y la ausencia de espacio político para la oposición - , continuaron alimentando el conflicto, tanto que la guerra se convirtió en algo normal. Dando inicio en los años 60's, una nueva política de contrainsurgencia en forma de terror de estado y represión dispersa trataron de sofocar la oposición de cualquier forma. La política en la Guerra Fría jugó un papel muy crítico, así como el uso de Centro América por parte del gobierno de Estados Unidos, como una palanca contra la Unión Soviética y como un medio de implementar políticas anti - comunistas a través de la ayuda y las operaciones encubiertas comprobadas. Una Comisión de Clarificación Histórica (CEH por sus siglas en inglés) respaldada por las naciones Unidas encontró que el ejército cometió el 93 por ciento de las violaciones contra los derechos humanos durante la guerra, incluyendo cientos de masacres de civiles. Tantas como 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la guerra.
Las negociaciones de paz a principios de 1990 involucraban al gobierno, los insurgentes de la guerrilla, organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas en un rol de verificación y mediación y muchos gobiernos amigables diplomáticamente. Las negociaciones se convirtieron en la plataforma en la cual actores políticos , económicos y sociales compitieron por legitimidad y avanzaron sus propios programas -- incrementaron las oportunidades para acceder al mercado global, el regreso a una autoridad militar y mayor representación política.
Las fuerzas democráticas pavimentaron el camino de un diálogo de espectro social, pero hasta que las muchas manifestaciones tangibles de un sistema de justicia corrupto fueron purgadas de la vida diaria, la apertura social y política que inició en los años 60's, no podría producir resultados reales. El crimen urbano desenfrenado así como otros síntomas de subdesarrollo y desigualdad persistirán en una cultura que carezca de leyes.
El grado de violencia motivada por razones políticas y una brutalidad instituida como parte de la campaña de contrainsurgencia por parte del estado en los año 70's y los años 80's se ha reformulado como criminalidad intensa. La seguridad pública en Guatemala ha alcanzado niveles desastrosamente bajos. Guatemala tiene uno de los índices de asesinatos más altos en Latino América, con más de 45 homicidios por cada 100,000 personas en 2006, ocho veces mayor que el de Estados Unidos. El número estimado de asesinatos por día en Guatemala ha llegado a diecisiete, convirtiéndolo en uno de los países más violentos en el mundo. La oficina Guatemalteca de los Derechos Humanos, estima que las condenas obtenidas son únicamente del 6 por ciento de todos los casos criminales. De las 626 masacres que ocurrieron durante la guerra documentadas por la CEH, ha sido posible enjuiciar únicamente dos casos en las cortes de Guatemala. Una cultura a nivel nacional de impunidad y un progreso mínimo para reducir vastas desigualdades amenazaban con volcar el proceso de democratización que dio pie al celebrado proceso de paz en los años 90's.
El fallido sistema Guatemalteco de seguridad pública: Impunidad, corrupción e ilegitimidad.
El acuerdo de paz en Septiembre de 1996 que re definió las funciones de los militares en el estado y sociedad de Guatemala y efectivamente finalizó el conflicto armado -- titulado como fortalecimiento del poder civil y el papel de las fuerzas armadas en una sociedad democrática -- estipularon que los militares no tendrían de nuevo el mandato para reforzar la "seguridad nacional", doctrina bajo la cual las fuerzas armadas desarrollaron y llevaron a cabo la contrainsurgencia represiva y sistemática desde los años 60's . Las disposiciones del acuerdo indicaban una desmilitarización inmediata, reducción y reubicación de las tropas; desmantelar grupos paramilitares, y cambios definitivos a la misión y educación de los militares. El acuerdo de los Derechos Humanos, el primer acuerdo substantivo que fue firmado, concluyó en Marzo de 1994, haciendo un llamado para establecer inmediatamente mecanismos de verificación de las Naciones Unidas para monitorear los derechos humanos. A pesar del progreso temprano de la implementación de los acuerdos en las reformas militares y los acuerdos operacionales, incluyendo la reducción del ejército, una efectiva desmovilización de la guerrilla URNG y su inserción en la sociedad, una muy evidente impunidad y corrupción han caracterizado primordialmente al sistema de seguridad Guatemalteco desde los años 90's. En diciembre de 2006, el gobierno guatemalteco llegó a un acuerdo con las Naciones Unidas para establecer CICIG, como un esfuerzo para proveer "Fiscal de terceros" que interviene en nombre de las víctimas, clarifica el alcance que tiene los grupos armados ilícitos que se han infiltrado en el estado, y recomienda políticas con el fin de que sean disueltos. Mientras la CICIG representa un esfuerzo internacional legítimo para reducir la impunidad, el cambio genuino debe venir de la voluntad de fuerzas políticas y sociales para reformar la policía nacional y el sistema de justicia.
El crecimiento constante del crimen en Guatemala -- y el fracaso del estado y la policía para llevar a perpetradores ante la justicia -- ha vuelto corrupto el estándar de vida, estado de derecho, y aun más significativo, la legitimidad del estado ante los ojos de los ciudadanos. Las reformas del sector de seguridad son cruciales para la estabilidad en cada parte de la sociedad -- desarrollo sostenible, inclusión social y prácticas anti - discriminatorias, la erradicación de las violaciones a los derechos humanos y un papel más amplio para instituciones legislativas y civiles. Sin la voluntad política que se requiere para un compromiso genuino para establecer la ley y su aplicación como justa, bien cimentado y crucial para la función y mejora de la sociedad, el espíritu de los acuerdos de paz y el proceso de democratización tienen riesgo de crecimiento.
Aproximadamente 5,885 guatemaltecos sufrieron muertes violentas en 2006, 500 más en 2005 y un 60 por ciento de incremento en 2003 (BBC 2007). El relator especial de las naciones unidas para asesinatos extrajudiciales Philip Alston citó una alta incidencia en Guatemala, de horribles asesinatos de mujeres, linchamientos en áreas rurales, violencia en prisiones y el índice de un sólo dígito de condenas por asesinatos, en un reporte de febrero de 2007 sobre los derechos políticos y civiles del país. (ONU 2007). Adicional a la generalizada corrupción, Alston y otros monitoreos al sistema de justicia, apuntan a una falta de recursos financieros, fuerzas policiales insuficientes, y una división problemática de responsabilidades entre los militares y las fuerzas policíacas, y las fallas persistentes para investigar y enjuiciar crímenes serios. La impunidad, que es el problema más serio y abrumador, debe ser tratada antes de que los ciudadanos esperen un progreso hacia una sociedad más equitativa y segura.

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