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El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha lanzado una batería de propuestas para agilizar la lucha contra la lacra de la #corrupción

 El fiscal Emilio Sánchez Ulled  compareció el pasado 19 de julio en la comisión de estudio de Medidas de Lucha contra la Corrupción y con su intervención enamoró a buena de los grupos parlamentarios.

 

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 El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha pedido hoy a los políticos implicados en casos de corrupción y impunidad que abandonen sus cargos públicos.



El fiscal Sánchez Ulled reprocha a Terribas, la portavoz oficial de Puigdemont en la televisión TV3, que trate el 9-N como un "caso político", cuando no lo es.


El periodista del New York Times , un asiduo de la televisión TV3, está escribiendo un libro pro-secesión financiado por la Generalitat de Cataluña.
Madrid-based correspondent for the New York Times and its international edition, covering Spain and Portugal. Previously worked for the Financial Times

"En este país se tiene que dimitir", ha dicho Ulled ante los diputados del Parlament en la comisión de estudio de medidas contra el fraude. Es una perversión, ha insistido, que los políticos se escondan detrás de los procesos penales para no asumir sus responsabilidades.
Cuando estalla un caso de corrupción, ha dicho Sánchez Ulled, se produce un "círculo vicioso", ya que los políticos se remiten a la justicia para evitar su dimisión. "Dirán: 'no, ya hablará la justicia, yo estoy sometido al principio de presunción de inocencia y hasta que un tribunal me envíe a la cárcel, yo no he hecho nada. Y no es esto, esto es pervertir el sistema político", ha lamentado en su comparecencia. En tono severo, el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona ha advertido de que "la responsabilidad política existe y tiene que ser ejercida". "En este país tenemos que aprender a dimitir, pese a que pueda, al final, ser injusto, porque nadie ha dicho que la política tenga que ser justa".

Con más de 20 años de carrera en el ministerio público,el Fiscal anticorrupción Sánchez Ulled ha lanzado una batería de propuestas para agilizar la lucha contra la lacra de la corrupción; por ejemplo, que los fiscales puedan dirigir la instrucción judicial, que se refuercen los mecanismos de control y que se endurezca la normativa de financiación de los partidos. El fiscal ha señalado especialmente a las fundaciones vinculadas a esos partidos, que son "un agujero negro", del sistema político.
A los pocos días del inicio de la legislatura municipal, el Ayuntamiento de Barcelona ya detectó que la empresa pública Barcelona Regional, en cuyo presupuesto el consistorio colabora de forma mayoritaria, había contratado a dos asesores en extrañas circunstancias. Y lo puso en conocimiento de la fiscalía.
Poco después, la propia empresa decidió encargar una auditoria cuyo contenido coincide con las sospechas iniciales del actual equipo de gobierno: el expresidente de Barcelona Regional y exconcejal de CDC, Antoni Vives, contrató a dos amigos de forma irregular provocando un perjuicio al ayuntamiento de más de 200.000 euros.

La fiscalía se pone en marcha
Pero llueve sobre mojado. La auditoría ya ha llegado a manos de la Fiscalía Anticorrupción, y su delegado en Cataluña, Emilio Sánchez Ulled, no ha perdido el tiempo.
De hecho, a principios de este año interrogó a los dos asesores: el excantante de Los Sírex Antoni Miguel Cerveró Leslie y Jesús Arévalo, exconcejal de CiU en Cervelló.
Respuestas evasivas
Sánchez Ulled les preguntó sobre el origen del contrato y sobre su cometido. Ambos declararon que fueron fichados por Vives en calidad de asesores. Adujeron que reportaban directamente al exconcejal y que lo hacían en el Ayuntamiento de Barcelona. Ambos no pudieron concretar qué tipo de asesoría o trabajo concreto realizaron ni para Vives ni para Barcelona Regional.
¿Qué es un asesor?
Ante estas respuestas, el fiscal pidió al ayuntamiento un informe jurídico sobre la figura del asesor. Ese informe, remitido al ministerio fiscal, concluye que desde 2012 las empresas públicas no pueden contratar asesores.
El informe añade que la administración sólo puede contratar cargos de confianza a través de un decreto y no mediante un contrato eventual. Además, en la lista de cargos de confianza que han trabajado para el ayuntamiento no aparecen los nombres de los dos militantes de CDC amigos del controvertido Vives, un exconcejal también en el punto de mira de la justicia por el caso de la Marina Port Vell.
Contratos sospechosos
Anticorrupción continúa con la investigación preprocesal de este oscuro caso y estudia, además, los contratos millonarios que Barcelona Regional firmó en Brasil de la mano de Vives sin que el consejo de administración de esta empresa --dedicada al planeamiento estratégico y urbanístico de Barcelona-- hubiera tenido conocimiento.
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Juliàn Flores Garcia
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