El Síndic de Greuges. Defensor del Pueblo de Cataluña. Informe sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno donde subraya que toda la información pública debe ser accesible para todos y que las administraciones deben ser transparentes

El Síndic d Greuges Informe sobre transparencia, acceso a la información pública  ‪#‎anticorrupción‬ ‪#‎contraimpunidad‬

 




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 El Síndic de Greuges subraya que toda la información pública debe ser accesible para todos y que las administraciones deben ser transparentes

Informe sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
El Síndic de Greuges solicita a las administraciones que difundan entre la ciudadanía cuáles son sus derechos en materia de transparencia y los mecanismos para exigir su cumplimiento
Un año después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Rafael Ribó ha presentado al Parlament de Cataluña el primer informe de evaluación
Se constata un esfuerzo mayoritario en cuanto a la creación de los portales de transparencia pero se detectan carencias en la organización de los datos publicados

Recomienda una regulación independiente en transparencia y la difusión del derecho a acceder a la información pública, en la línea del Convenio 205 del Consejo de Europa
Los antecedentes normativos europeos y, en particular, la normativa reguladora del derecho de acceso a la información, devienen indispensables para comprender la regulación prevista en el Ordenamiento jurídico Español, el cual ha asumido la corriente generalizada de la regulación del derecho de acceso y, especialmente, la dictada en el seno del Consejo de Europa y demás Instituciones de la Unión Europea, así como la jurisprudencia dictada por los distintos Tribunales Europeos.
A continuación se analizan los principales hitos legislativos y jurisprudenciales comunitarios en la materia.
1.             El Convenio Europeo de Derechos Humanos
El Síndic de Greuges ha presentado este lunes, 25 de julio, el primer Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Después de entregar el documento a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, Rafael Ribó ha hecho públicas las principales conclusiones y recomendaciones incluidas en el Informe. Ribó destaca que el Informe "es una primera aproximación al cumplimiento de la Ley con el objetivo de señalar las dificultades detectadas y de servir de punto de referencia y comparativa para las futuras evaluaciones". El Síndic ha contado con la colaboración de la Fundación Carles Pi i Sunyer y del equipo formado por los catedráticos Manuel Villoria, Agustí Cerillo y Juli Ponce, para la obtención de datos, centrada en el primer trimestre de 2016. El análisis se ha estructurado en los mismos bloques de materias que prevé la ley y el universo analizado ha sido, en cuanto a la publicidad activa, más de 2.400 portales web entre administraciones y otros nos obligados. En cuanto al resto de obligaciones de la ley (derecho de acceso, registro de grupos de interés, buen gobierno y gobierno abierto), se ha solicitado información a la Generalitat de Cataluña, las diputaciones, los consejos comarcales, los ayuntamientos de más de 500 habitantes, el Área Metropolitana de Barcelona, las universidades públicas, los órganos estatutarios y otros entes de control. El Síndic recomienda especialmente una mayor difusión del contenido de la Ley 19/2014 entre la ciudadanía. En opinión del Síndic, las personas deben conocer el fondo de las nuevas obligaciones de las administraciones para poder exigir su cumplimiento. Especialmente relevante es la difusión del derecho de acceso a la información, mecanismo que permite a los ciudadanos ejercer el control sobre las actuaciones de la Administración. En este sentido, el número de solicitudes de acceso a la información durante el período evaluado ha sido escaso, lo que evidencia una falta de conocimiento y de sensibilización entre la población en cuanto al ejercicio de este derecho. El Síndic se muestra asimismo partidario de dotar este derecho y la difusión de información pública de una regulación propia independiente, en términos homologables a los países del entorno y a los estándares del Convenio 205 del Consejo de Europa. En general se ha constatado un nivel de cumplimiento bastante elevado en los aspectos más genéricos en materia de transparencia y publicidad informativa, y mayores dificultades cuando se trata de publicitar contenidos que antes no eran obligatorios (cartas de servicios y códigos éticos, por poner algún ejemplo). El Síndic destaca que el soporte técnico de la AOC (Consorcio de Administración Abierta de Cataluña), sobre todo a escala municipal, ha sido clave. Las mayores carencias en cuanto a la información publicada se detectan en la organización y formato de los datos. Estas carencias se hacen más evidentes en las entidades de menor dimensión, hecho atribuible a que disponen de muchos menos recursos. El Síndic recomienda dedicar esfuerzos a que la información sea reutilizable y esté estructurada de manera comprensible, tal como prevé la ley, en el plazo más breve posible. El Informe destaca que la puesta en marcha y la consolidación de todos los cambios que impone esta Ley requieren una inversión de recursos significativa. Eliminar el plazo de treinta días para entregar la información, organizar los archivos administrativos y facilitar la identificación de los solicitantes son propuestas dirigidas al bloque del derecho de acceso. En cuanto al registro de grupos de interés, el Síndic incide en que deberán hacerse públicas las actividades y actuaciones concretas de influencia que lleven a cabo. También recuerda que está pendiente el despliegue reglamentario de la Ley 19/2014 para concretar su alcance y las obligaciones y que habrá que ampliar la regulación de los canales y los instrumentos de participación ciudadana. El Convenio Europeo de Derecho Humanos (en adelante, "CEDH) no reconoce de forma expresa el derecho de acceso a la información pública, motivo por el cual en diversas ocasiones se ha planteado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, "TEDH") si dicho derecho debe considerarse incluido, o no, en el artículo 10 CEDH, relativo a la libertad de expresión.
Fue a partir del año 2006 que el TEDH consideró que el acceso a la información debía incluirse, de facto, en el ámbito objeto del derecho de acceso a la información pública previsto en el artículo 10 CEDH, siendo necesario efectuar un estudio de la proporcionalidad entre la injerencia en la libertad de información y la denegación del acceso a la misma (Sentencias TEDH, de 10 de julio de 2006, caso Sdruzeni Jihoceské Mahky; 16 de agosto de 2009, caso Kennedy).
2.             El Convenio 205, del Consejo de Europa, sobre acceso a los documentos públicos
En fecha 18 de junio de 2009 fue abierta la firma del Convenio 205, del Consejo de Europa (en adelante, "Convenio 205"), el cual devino un estándar pionero a nivel europeo y vinculante para los Estados firmantes.
De acuerdo con el Convenio 205, todos los documentos en poder de las autoridades son, en principio, públicos y sólo pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos. Partiendo de esta idea, el Convenio 205 establece una regulación y principios mínimos, dejando un amplio margen a los Estados para su concreción, a la vez que admite la existencia de ciertas limitaciones al derecho de acceso a la información pública.
3.             El Reglamento (CE) 1049/2001, de 30 de mayo, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
Tras los primeros trabajos realizados por el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo instó a las distintas Instituciones y Agencias comunitarias a definir e integrar en el Derecho Comunitario el derecho a la información como derecho fundamental de los ciudadanos europeos, lo que dio lugar a la aprobación de las siguientes normas: (i) Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht (7 de febrero de 1992), Tratado de Ámsterdam (2 de octubre de 1997), (iii) Código de Buena Conducta Administrativa, aprobado por la Comisión Europea (13 de septiembre de 2000), y (iv) Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (7 de diciembre de 2000).
En desarrollo del referido derecho fundamental, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron por codecisión el Reglamento (CE) 1049/2001, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (en adelante, "R 1049/2001"), al cual parte de los principios de transparencia, apertura y proximidad, participación, democracia y respeto a los derechos fundamentales, así como del de facilitar al máximo el acceso.
En atención a dicho principios, el derecho se configura con una gran amplitud, permitiéndose el acceso, incluso, a documentos preparatorios y de uso interno, regulándose la tramitación de las solicitudes mediante un procedimiento ágil -que obliga a ser resuelto en 15 días- y la posibilidad de formular un recurso contra esta decisión.
4.             El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o Tratado de Lisboa
El derecho de acceso a los documentos en poder de las Instituciones comunitarias se encuentra actualmente regulado en el Tratado sobre Funcionamiento de la Unión Europea o Tratado de Lisboa, el cual fue firmado en fecha 13 de diciembre de 2007 y entró en vigor en fecha 1 de diciembre de 2009.
5.             Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos
El Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, aprobado por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa el 27 de noviembre de 2008 y abierto a la adhesión de los Estados miembros desde el 18 de junio de 2009 -en tanto que primer instrumento legal internacional que reconoce, con alcance general y de forma vinculante, el derecho de acceso a documentos que estén en posesión de entidades públicas-, se inspira en las prácticas y experiencias comunes de una parte de los estados miembros del Consejo de Europa.
Los aspectos más relevantes del contenido del Convenio son los siguientes:
    (i) garantía del derecho de cualquiera persona a acceder a los documentos públicos en posesión de las autoridades públicas;
    (ii) garantía de que las solicitudes de acceso y el acceso a la documentación no tengan ningún coste;
    (iii) posibilidad de establecer una lista limitada de excepciones, sujetas a criterios de interés público;
    (iv) deben aplicarse los principios de daño efectivo y de interés público preferente en el acceso, antes de denegar el acceso en base a la aplicación de alguna de las excepciones que enumera el artículo 3.1 del Convenio;
    (v) la Administración debe responder de forma ágil y rápida a la solicitud de acceso a la información pública; y
    (vi) la denegación de la petición debe ser motivada y debe garantizarse el derecho de las personas solicitantes a un procedimiento de recurso o revisión de esta decisión.


Falta el despliegue reglamentario de la Ley 19/2014, lo que dificulta su cumplimiento
Juliàn Flores Garcia
Director de seguridad, Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad Formación ​del ​Manual de ​a​utoprotección integral de ​p​ersonas #MAIP
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Destaca que queda aún mucho trabajo por hacer y que hace falta una inversión de recursos significativa para adaptar y gestionar la información
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