El Comisionado Iván Velásquez Gómez un año después de darse a conocer el caso "la línea" #Guatemala #CICIG

 
 

Guatemala vive en una montaña rusa de emociones, desde que el 16 de abril de 2015 se destapara el caso de corrupción conocido como “La Línea”, que terminaría con la encarcelación del presidente y la vicepresidenta del país, y con el inicio de una madeja que llevaría a investigar el financiamiento político, la defraudación tributaria y la participación activa del sector financiero y empresarial guatemalteco en un complejo esquema de corrupción.
El comisionado Iván Velásquez considera que las investigaciones provocaron un efecto dominó en la población, que, cansada de ver los efectos de la corrupción, salió a las calles para manifestarse y tener conciencia de su verdadero poder de acción. Y pese a la esperanza, Velásquez cree que el camino aún es largo. El abogado colombiano asegura que el sistema judicial debe garantizar su independencia, y el Ministerio Público una consolidación institucional para no depender del humor de la persona que esté a cargo. Mientras eso ocurre, considera, la CICIG debe manterse como una coraza para la fiscalía guatemalteca.
En esta entrevista, realizada a mediados de julio en Ciudad de Guatemala, Velásquez aprovecha a mandar un recado al Foro de Sao Paulo sobre las recientes críticas que tacharon a CICIG como un modelo que atenta contra la soberanía de la región. “Esa gran capacidad que tiene la CICIG es a la que le temen los sectores que pueden ser afectados en el país”, dice el comisionado Iván Velásquez.

¿Dónde está Guatemala un año después del caso de La Línea en términos de ciudadanía, sobre todo en términos de la importancia de la construcción ciudadana en este combate a la corrupción desde la institucionalidad?

Estamos en una etapa que podríamos decir todavía muy inicial en ese proceso de construcción de ciudadanía. Muy inicial, pero muy importante porque ha significado desbloquearse la sociedad, que era la etapa en la que nos encontrábamos a principios del 2015: un momento en el que, en general, se había aceptado como un mal sin solución el de la impunidad. Pero esto que se generó después del 16 de abril, y por la manera como se produjo, con la continuidad, con la permanencia, con la intensidad como se desarrolló y por lo que hemos visto todavía en sus manifestaciones actuales, creo que esto se señaló en aquella oportunidad en muchos espacios (como) un despertar ciudadano. Pero un despertar es eso, lo que tiene que continuar es ya con la ciudadanía despierta.

Despertar ciudadano. ¿Eso hubiese sido posible sin la acción de investigación del Estado acompañado por CICIG, sin la acción de investigación de estructuras como La Línea?

Aquí hay una gran interrelación: podría decirse que los hechos del 16 de abril son una llamita que es lo que permite el gran fuego, pero que ese gran fuego naturalmente necesitaba un campo en el que pudiera desatarse. Se estaba en la discusión de que la CICIG no continuara porque ya estaba dispuesto que en septiembre de 2015 concluiría su mandato. Pero entonces viene una situación por un  grave hecho de corrupción conocido como el lago Amatitlán, (que) es un muy extenso, muy cerca de la ciudad capital, excesivamente contaminado, casi ya verdoso. Y entonces se había contratado que para el saneamiento del lago era aplicar una fórmula, con agüita mágica, iban a descontaminar el lago. La vicepresidenta (Roxana Baldetti) hacía presentaciones públicas. Fue al lago, hizo un gran acto y eso generó tanta indignación, que cuando el 16 abril se produce esto y aparece en la presentación que hicimos del caso en conferencia de prensa como la cabeza de una estructura criminal, el conocido caso La Línea, el secretario privado de la vicepresidenta… Yo creo que la gente no pensó en ese secretario privado, sino en la jefa de ese secretario privado, y de allí fue que se desató todo esto, porque en menos de una semana ya se estaba en las redes reclamando la renuncia de la vicepresidenta.
Entonces, ¿cuál es la relación entre esos dos fenómenos, el de la acción de la justicia y el de la expresión de la sociedad? Primero, por la conciencia de que sí es posible afectar la impunidad y luego porque se llega a niveles insoportables de indignación frente a la corrupción. No obstante, todo ese conformismo que se había generado probablemente derivado de la época del conflicto, muchos analistas sociales dicen que el silencio permitía que avanzara la corrupción y la impunidad en general.
¿Todo esto qué significó? La primera investigación centrada en ese proyecto, la del 16 de abril, condujo muy rápidamente, creo que fue menos de una semana, a que el gobierno del presidente Pérez pidiera inmediatamente la renovación de la CICIG hasta el 2017. Pero eso no frenó el descontento popular, siguió…

¿Y cómo vio usted esa acción del presidente Pérez Molina?

Yo creo que era por frenar…

¿Frenar su caída?

Frenar la manifestación social.

Entendiendo que la misma manifestación social podía blindar la investigación precisamente contra su gobierno…

Sí, pero yo creo que en el primer momento fue de protección de la vicepresidenta. Los reclamos populares de por qué la vicepresidenta no está vinculada al proceso, si hay grabaciones que se refieren a la señora, a la dueña de la finca, a la dos, ¿por qué todavía la justicia no ha actuado? Y entonces (se empieza) a reclamar la renuncia de ella, que se viene a producir después de la segunda o tercera manifestación. Entonces, ¿cómo podría leerse esa solicitud apresurada? Él (Pérez Molina) había dicho y había dispuesto que una instancia de coordinación que existe en Guatemala, en el sector justicia, en la que están sentados el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y el director del Instituto de la Audiencia Pública Penal, Ministerio de Gobernación, que esa instancia evaluara a la CICIG para decidir si continuaba o no. Y estaba en esta situación cuando (por) hechos posteriores al 16 de abril ya solicita de urgencia que le den el dictamen.

Usted hablaba de la importancia dentro del mandato de identificar las estructuras criminales profundas en Guatemala. Ahora hay ya acciones del MP hacia el sector privado, que es otro poder fáctico, en Guatemala y en el resto de Centroamérica. Y percibo, leyendo algunas columnas, a esos poderes fácticos agazapados nuevamente.

En la profundización de la lucha contra la corrupción, en la continuidad de las investigaciones surgidas a partir del 16 de abril, mucha documentación que encontramos abrieron otras fuentes de investigación. Inicialmente estaba muy dirigido al tema que aparecía como evidente al inicio de la vicepresidenta y una estructura de empresas de cartón que le habrían servido a ella para el lavado de dinero. Y en ese proceso de investigación sobre ese tema específico se fueron encontrando otras relaciones que podrían girar en torno al presidente y a la vicepresidenta, pero que comprometían amplios sectores. Por ejemplo, en cuanto al financiamiento ilícito de campañas políticas. Documentos encontrados, tanto digitales como físicos, mostraban que había algo en ese sentido y que la presencia de un colaborador eficaz muy importante, este mismo secretario privado, permitió conectar muchos elementos, muchos datos que entonces fue extendiéndose el espectro de partícipes en todos estos procesos grandes de corrupción: lo que ocurrió con una empresa propietaria de canales de televisión, lo que ocurrió con personas vinculadas al sector financiero, lo que ocurrió con importantes constructores del país, con financistas de muy diversos orden.
Yo no calificaría que toda la reacción que esto genera sea una respuesta que pretenda impedir avances, es decir, uno no puede sostener a priori que reclamar el respeto del debido proceso sea una forma de frenar investigaciones.

También usted ha dicho que ve a la CICIG como una coraza para el Ministerio Público. Pongámonos en un futuro en que la CICIG se va y queda el Ministerio Público, con su reforma, con la historia de lo que ha pasado en los últimos años, ¿a la luz de estos movimientos ciudadanos es posible que en Guatemala la ciudadanía pueda convertirse en la coraza del Ministerio Público?

Yo creo que todavía no hay una fortaleza institucional como para soportar el Ministerio Público los embates de la reacción, de la respuesta que las estructuras criminales dan para tratar de no perder su campo de acción más o menos libre que tenían. En el momento actual creo que todavía no están las condiciones para que, si por cualquier circunstancia hubiera una salida abrupta de la CICIG, que en todo caso el presidente (Jimmy) Morales no solo solicitado y está renovada la Comisión hasta el 2019 sino que ha afirmado públicamente que solicitará su extensión hasta el 2021… ¿Qué se requiere para que este sea un proceso consolidado? Creo que hay que profundizar todavía bastante en la identificación y desarticulación de estas estructuras. La hipótesis es que lo que hemos evidenciado en el caso Cooptación; es la expresión de esa estructura profunda en un periodo, con un gobierno determinado. Pero que lo mismo pudo haber ocurrido en los años anteriores, y que podría expresarse con sectores de poder en esos años. Esa que todavía no está identificado, pero que es probable que es lo que haya permitido darle continuidad a la captura del Estado que ahora queda evidenciado con el gobierno del Partido Patriota.
Pero adicionalmente es indispensable que exista un sistema de justicia independiente. Tenemos ahora el caso de la Fiscal General de Guatemala (Thelma Aldana) que ya ha demostrado con sus acciones hasta donde está dispuesta a llegar, pero el hecho de esta persona no significa que institucionalmente se haya también superado el límite del no retorno.

En El Salvador nos pasa lo mismo. Actualmente tenemos un nuevo fiscal y parece ser que está dando algunos pasos, pero, ¿cómo hace un país para sobrepasar, ya no en el tema de investigación, sino de elección del funcionario, alcanzar la independencia que requiere si siempre la clase política está metida en eso, en la elección de ese funcionario?

Pero todo esto es un gran entramado que implica que solucionar un punto no conduce indefectiblemente a la solución de todo. Digamos que es un tema de cadena en el que hay que incidir en muchos factores para lograr la construcción, que todo esto tiene que tender a la construcción de un Estado social y democrático de Derecho, que es a lo que todo país debe aspirar.
Un elemento indispensable es la participación ciudadana, pero la participación también organizada de la ciudadania. Se está discutiendo en este congreso reformas… hubo con todos los reclamos populares del año pasado una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que quedó en un nivel… apenas fue un pequeño avance, pero no en la dimensión de lo que requiere el país. El presidente de la República la sancionó y en el propio acto de sanción dijo: “esto es insuficiente y convoco a todos para que nos sentemos porque tenemos que profundizar en la reforma política”. ¿Qué es lo que aspiraría con esto? Pues llegar a niveles de mayor responsabilidad, de mayor eficiencia, de mayor respeto al bien general de los ciudadanos en el congreso de la República.
Eso es lo que va a permitir que si se llegara a obtener reformas sustanciales en el Estado se pueda garantizar la permanencia en el tiempo, la sostenibilidad. Es decir, son todavía puras ilusiones, son sueños de construcción de un Estado que responda realmente a las necesidades de su población. Pero creo que es muy distinta la situación de hoy, aunque todavía no esté consolidado el proceso, a la del 2015, de 2014 y de años anteriores.

Cada vez que un sector no está conforme con el apoyo de CICIG al Ministerio Público con investigaciones concretas, o incluso en los otros dos países de la región donde se ha discutido la posiblidad de un mecanismo similar, otro tema que sale es el de la soberanía. Y el de la soberanía, en El Salvador, es el tema que el Ejecutivo ha puesto en la mesa y dice no porque un modelo así pervierte o interfiere con la soberanía. ¿Cuál es su visión sobre la forma en que sectores afectados por este tipo de investigación judicial hacen al apelar al tema de soberanía nacional?

Yo no desconozco el nivel ni el estado de las discusiones que se están generando fuera de Guatemala. Hablo por la situación de Guatemala y por la declaración del Foro de Sao Pablo que crítica a Guatemala porque ‘está en poder del imperialismo’. Me parece que eso desconoce la realidad del país. En Guatemala, la CICIG no es un órgano de sustitución, no está reemplanzando, no está actuando en lugar de, no está arrinconando o haciendo a un lado al órgano que constitucionalmente está establecido para la investigación y la persecución penal. La titularidad de la acción penal reside en el Ministerio Público, y todas las acciones de investigación que signifiquen limitación de las garantías ciudadanas, como allanamientos, intervenciones telefónicas, privación de libertad, son los fiscales del Ministerio Público los únicos que pueden solicitarlas a los jueces de la República de Guatemala. De manera que esto no ha escapado de las manos de las instituciones guatemaltecas.
La CICIG tiene una gran virtud que es absolutamente independiente, por lo menos en los más de dos años y medio que yo llevo al frente de la institución. Nunca he recibido de ninguna persona, de ninguna clase, ni en el país ni por fuera que signifique de alguna embajada, de algún gobierno, que quisiera que aquí se haga una tal cosa o la otra. Nunca he recibido ni siquiera una insinuación. Esa gran independencia de la CICIG yo creo que es lo que hace que sectores afectados por las investigaciones quieran suprimir. Esa gran capacidad que tiene la CICIG es a la que le temen los sectores que pueden ser afectados en el país. Entonces, cuando se enfilan baterías contra la injerencia con el ropaje de una lucha por la soberanía, lo que se está realmente intentando es separar a la CICIG de esa protección que se le brinda al Ministerio Público.
"El silencio permitía que avanzara la corrupción" afirma el Comisionado para la revista FACTum
Guatemala, julio 25 de 2016. En una entrevista realizada por Héctor Silva Ávalos de la revista FACTum de El Salvador, el Comisionado Iván Velásquez Gómez hace un repaso de lo cosechado a poco más de un año después de darse a conocer el caso "la línea". (Se publica con fines informativos).
Leer entrevista de origen
FUENTE CICIG
Juliàn Flores Garcia
Director de seguridad, Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad Formación ​del ​Manual de ​a​utoprotección integral de ​p​ersonas #MAIP
Resultado de imagen de segurpricat
93 116 22 88 | 637 36 81 33 |  | webs :http://www.segurpricat.com.es
http://www.siseguridad.com.es
Dirección:Pau Claris 97- 4º 1ª Barcelona