Informe de cumplimiento de España en la lucha contra la corrupción política y electoral elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa

Nota sobre el informe de cumplimiento de España en la lucha contra la corrupción política y electoral elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.


El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (forman parte 49 estados) ha adoptado en su 70 reunión plenaria (4 de diciembre de 2015, publicado el 5 de febrero de 2016) en la Tercera Ronda de Evaluación el Segundo Addendum al Informe de Cumplimiento de España en materia de investigación (regulado en Criminal Law Convention on Corruption) y de transparencia en la financiación de partidos políticos y campañas electorales (regulado en la Recommendation Rec (2003)4 on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns).

GRECO concluye que de las quince recomendaciones realizadas a España, once se han aplicado satisfactoriamente o se traten de manera satisfactoria. Las cuatro recomendaciones restantes se han aplicado parcialmente. GRECO “se complace con el compromiso adoptado por parte de España para solventar las deficiencias técnicas existentes en su legislación penal y adecuarlas a las disposiciones contempladas en la Convención Penal sobre Corrupción y su Protocolo Adicional cuando España las ratificó”.

Con la aprobación de este Segundo Addendum al Informe de Cumplimiento finaliza la Tercera Ronda de Evaluación a España tras haber cumplido las recomendaciones de GRECO.
España ha cumplido con las recomendaciones respecto al control de la financiación política y la aplicación de sanciones efectivas para el caso de infracciones en casos de corrupción, ampliando el rango de la sanción e incluyendo a todas las personas y entidades.
  • Transparencia en las cuentas y rendimientos de los partidos. Obligación de publicar las mismas en su web un mes después de presentadas al Tribunal de Cuentas. La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno también exige a los partidos políticos  obligaciones en materia de publicidad activa.
  • Se regulan los procedimientos de financiación de los partidos, préstamos, donaciones, etc.
  • Mejora del sistema de auditoría interna de las formaciones políticas y de transparencia  y control de las cuentas de los partidos.
  • Mejora de los recursos del Tribunal de Cuentas para que realice de forma más eficaz sus tareas de fiscalización de la financiación política.

En relación a los procedimientos de investigación por corrupción, España también ha cumplido las siguientes recomendaciones:
  • Incluye la corrupción activa y pasiva y las ventajas inmateriales contempladas en las disposiciones del Código Penal relativas a corrupción, incluido el tráfico de influencias.
  • Incluye el procesamiento de la corrupción en el sector privado.
  • Aumento de las sanciones para los delitos de corrupción, para garantizar que éstos puedan dar lugar a extradición y aumentar las sanciones para el tráfico de influencias.
  • Incluye los casos de corrupción cometidos por funcionarios extranjeros o de organismos internacionales sitos en España.
  • Abole el requisito de la doble imputación en relación con los delitos de corrupción y tráfico de influencias cometidos en el extranjero.
España ha llevado a cabo profundas reformas en el Código Penal y en la Ley de Control de la Actividad Económica de los Partidos Políticos para avanzar en la lucha contra la corrupción. En cuanto a la imputación o investigación, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal recoge entre otros supuestos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la regulación del tráfico de influencias activo, penas más severas para los delitos de corrupción y, sobre todo, para aquellos casos cometidos en transacciones económicas internacionales.
En relación a la transparencia en la financiación de partidos, la citada ley exige la transparencia de su actividad económica e introduce nuevas figuras delictivas relacionadas con el delito de financiación ilegal de partidos políticos. 
Por su parte, la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, recoge el control de la actividad económico-financiera de las formaciones políticas, la prohibición de donaciones procedentes de personas jurídicas y la obligación de publicidad de las cuentas de los partidos, entre otras. 
El preámbulo de la Ley recuerda que “Los partidos políticos son actores esenciales de la vida política, económica y social. Como cauce de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, son sujetos de derechos. Como partícipes en la estructura del propio Estado, han de ser y son, sujetos de obligaciones. Por ello, junto a la responsabilidad, debe ser la ejemplaridad la que presida las actuaciones de estos entes que sustentan la centralidad social de la democracia”.