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Informe "Carrera contra el tiempo", elaborado por Human Rights Watch #CICIG #GUATEMALA

Guatemala, noviembre 13 de 2017. El Comisionado Iván Velásquez Gómez participó en la presentación del informe "Carrera contra el tiempo", elaborado por Human Rights Watch, donde se refirió sobre varios de los obstáculos que existen en el sistema judicial que no permiten el avance de los procesos penales.
Human Rights Watch es una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos. Al concentrar la atención mundial en los lugares donde se violan los derechos humanos, damos voz a los oprimidos y exigimos cuentas a los opresores por sus crímenes. Nuestras investigaciones rigurosas y objetivas, y nuestra incidencia política estratégica y focalizada generan una intensa presión para la acción y aumentan el precio que hay que pagar por abusos a los derechos humanos. Human Rights Watch lleva 30 años trabajando tenazmente por sentar las bases jurídicas y morales para un cambio profundamente arraigado, y luchando para que las personas de todo el mundo disfruten de mayor justicia y seguridad.

Guatemala siguió logrando avances en el juzgamiento de casos de derechos humanos y de corrupción, en gran parte debido a la colaboración del Ministerio Público con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, que se creó en 2007 para investigar la delincuencia organizada y afianzar los esfuerzos locales de fortalecimiento del estado de derecho.
En septiembre de 2015, tras ser implicado por la CICIG en un escándalo por un fraude fiscal millonario, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina presentó su renuncia y fue detenido por cargos de fraude aduanero, asociación ilícita y cohecho.
Jimmy Morales asumió la presidencia en enero y, en abril, pidió a la ONU que ampliara el mandato de la CICIG —que estaba previsto que concluyera en 2017—hasta septiembre de 2019.

Juicios por violaciones de derechos humanos del pasado

En febrero, la justicia condenó a dos ex militares por delitos de lesa humanidad con la modalidad de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual. Fue la primera vez que un tribunal guatemalteco juzgó un caso de violencia sexual vinculado con los 36 años de conflicto armado interno en el país. Las víctimas eran 15 mujeres mayas q’eqchi’.
Además de las penas por violencia sexual, la justicia condenó al teniente coronel Esteelmer Reyes Girón, ex comandante de la base militar Sepur Zarco, por el homicidio de tres mujeres, y al ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig por la desaparición forzada de los esposos de siete de las víctimas. Fueron condenados a 120 y 240 años de prisión, respectivamente.
En mayo de 2013, el ex jefe de Estado guatemalteco Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Si bien fue condenado a 80 años de cárcel, varios días después la Corte de Constitucionalidad invalidó la condena alegando cuestiones procedimentales. El general retirado había encabezado el gobierno militar entre 1982 y 1983, cuando militares perpetraron cientos de masacres contra civiles desarmados.
En agosto de 2015, un tribunal de primera instancia declaró a Ríos Montt incompetente para enfrentar un nuevo juicio y dispuso que debía ser representado por sus abogados en un procedimiento especial a puerta cerrada. En octubre de 2015, la justicia de apelación rechazó un pedido, planteado más de dos años antes por los abogados de Ríos Montt, para que se aplicara un decreto de amnistía de 1986 que terminaría con su procesamiento. El tribunal determinó que el decreto, que contemplaba todos los “delitos políticos y comunes conexos” cometidos entre marzo de 1982 y enero de 1986, no se aplica al genocidio ni a crímenes de lesa humanidad. En marzo de 2016 se inició un nuevo juicio contra Ríos Montt, a puerta cerrada.
En mayo, la Sala Primera de Apelaciones adoptó una resolución provisional por medio de la cual el proceso contra el ex dictador debería ser separado de aquel contra el otro acusado, el ex director de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez. Al momento de redacción de este documento, todavía no se había fijado la fecha para el nuevo juicio contra cada uno de los acusados.
En años recientes, el Ministerio Público ha logrado condenas en varios otros casos relacionados con delitos que constituyen violaciones de derechos humanos y que fueron cometidos durante la guerra. En 2011, cuatro soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército recibieron severas penas de prisión por su participación en la masacre de Dos Erres en 1982, en la cual murieron más de 250 personas. En 2013, el ex jefe de la Policía Nacional Héctor Bol de la Cruz fue condenado a 40 años de prisión por ordenar la desaparición de un estudiante activista en 1984. En enero de 2015, el ex jefe de Policía Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de cárcel por una incursión en la embajada española en 1980, durante la cual 37 personas murieron quemadas.
En julio de 2014, Fermín Felipe Solano Barillas se convirtió en el primer ex guerrillero en ser condenado por atrocidades. Tras ser declarado culpable por ordenar la masacre de 22 residentes de la localidad de El Aguacate en 1988, se le impuso una pena de 90 años de prisión.

Seguridad pública, corrupción y justicia penal

La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen siendo extendidas en Guatemala. La corrupción en el sistema judicial, sumada a hechos de intimidación contra jueces y fiscales, contribuye a que haya altos niveles de impunidad. La violencia de las pandillas es un factor importante que motiva a numerosas personas, incluidos jóvenes no acompañados, a irse del país.
A pesar de estos problemas, en los últimos años los fiscales han conseguido avances en casos de delitos violentos, así como también en casos de ejecuciones extrajudiciales y corrupción.
En abril de 2015, una investigación de la CICIG reveló un fraude fiscal por USD 130 millones en el cual estarían implicados más de 50 altos funcionarios del gobierno. Esto posibilitó que se presentaran cargos contra el entonces Presidente Otto Pérez Molina, la Vicepresidenta Roxana Baldetti y otras 35 personas.
En abril de 2016, la fiscalía presentó nuevos cargos contra Pérez Molina en relación con una comisión de USD 30 millones que se cobró sobre un contrato de una empresa española para la gestión de una nueva terminal de contenedores en la costa del Pacífico, en Puerto Quetzal.
En junio, la CICIG anunció la detención de varias personas en relación con una estructura clandestina que operaba tras la fachada del partido del ex Presidente Pérez Molina, el Partido Patriota (PP). El PP habría diseñado una estratagema financiera que tenía como fin principal el enriquecimiento ilícito de sus miembros, a través de contratos públicos por más de USD 35 millones. Cuando se preparó este documento, habían sido detenidos más de 57 miembros de la clase dirigente empresaria en Guatemala, desde banqueros hasta congresistas.

Actores internacionales clave

La CICIG, creada en 2007 con respaldo de la ONU, desempeña un rol clave de asistencia al sistema judicial de Guatemala en el juzgamiento de delitos violentos. La CICIG trabaja en colaboración con el Ministerio Público, la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. Puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas.
El Congreso de Estados Unidos aprobó fondos de asistencia por USD 750 millones para 2016 en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, una iniciativa de cinco años de duración, anunciada en 2014, que procura reducir los incentivos para las migraciones desde Guatemala, El Salvador y Honduras. El gobierno de Obama pidió que se asignara la misma cantidad para el plan de 2017. A la fecha de preparación del presente documento, el Congreso todavía no había aprobado el presupuesto definitivo.
El objetivo de la asistencia es reducir la violencia, fortalecer la gobernabilidad y crear más oportunidades económicas. El 50 por ciento de los fondos están supeditados a que, cada año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos certifique los avances logrados por los países beneficiarios en el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la defensa de los derechos humanos. En 2016, Guatemala obtuvo la certificación que habilita al país a recibir los fondos en forma total y continuada en virtud del plan. La asistencia para 2016 incluyó USD 7 millones para la CICIG en Guatemala, y fondos para comisiones similares, en caso de crearse, en El Salvador y Honduras. En junio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que, desde 2008, ese país ha invertido USD 36 millones en el trabajo de la CICIG.
El gobierno guatemalteco está implementando un plan de reparaciones —una de las condiciones para obtener la certificación que permite acceder a la asistencia estadounidense— destinado a abordar las violaciones de derechos humanos sufridas por comunidades desplazadas a causa de la construcción de la represa hidroeléctrica de Chixoy, en 1975. La distribución de reparaciones por USD 2,8 millones comenzó en marzo de 2015. Se espera que las reparaciones asciendan a un total de USD 156 millones para 2029, cuando está previsto que concluya la construcción de la represa.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en Guatemala desde 2005. Supervisa la situación de los derechos humanos en el país y brinda apoyo al gobierno y la sociedad civil en materia de políticas públicas.
Destacó que hay un abuso de los recursos de amparo por parte de la defensa de los sindicados. "Si una persona ha dilatado un proceso por dos años, no puede aducir que está injustamente detenido sin que haya juicio, porque ella es la causante de que se encuentre en esa situación".
Por ello dijo que debería establecerse como un criterio que el tiempo que se perdió en el proceso por maniobras dilatorias tiene que descontarse de la pena de prisión al ser sentenciado.
Además señaló que muchos procesos se han estancado por la actitud asumida por algunos jueces y magistrados, por lo cual los instó a contribuir con "este proceso nacional de lucha contra la impunidad y la corrupción". El Comisionado ejemplificó el caso del diputado Edgar Ovalle Maldonado, debido a que el trámite del antejuicio se prolongó durante 14 meses, y cuando se le retiró la inmunidad, el legislador ya se había fugado.
Consideró que hay un aprovechamiento de sectores que se oponen a la lucha contra la corrupción y la impunidad, y atribuyen a la CICIG y al Ministerio Público (MP) los retrasos de los procesos. "Se pretende reducir la confianza de nuestro trabajo, pero los casos que presentamos probatoriamente sí son fuertes y contundentes, por lo que asumimos esa responsabilidad con la Fiscal General", aseveró.
Afirmó que tanto la CICIG como el MP son lo más interesados en que los procesos avancen porque hay un gran equipo de personas trabajando en cada caso, y se necesita que dichos procesos concluyan para que ellas se dediquen a otras investigaciones.
Por lo anterior el jefe de la CICIG reiteró la necesidad de reformar las leyes relacionadas al sector justicia para lograr una agilización de la justicia guatemalteca.
El informe
La investigación de Human Rights Watch, presentada por el director ejecutivo Daniel Wilkinson, revela un patrón consistente de  abogados defensores, quienes les resulta fácil provocar extensas dilaciones en los procedimientos penales, planteando en forma reiterada recursos contra decisiones judiciales o solicitando la recusación de jueces que intervienen en sus casos.
De acuerdo al informe, estas maniobras judiciales suelen generar demoras irrazonables agravadas posteriormente con la lentitud que los tribunales responden a su presentación y eventual resolución. La reiterada presentación de estos recursos legales han logrado paralizar numerosos procesos penales.
También participaron en la mesa principal el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y Mirte Postema, de Human Rights Watch. A la actividad fueron invitados diversos sectores de la sociedad.
AUDIOS DEL EVENTO

Audio del conversatorio Descargar

"Debe existir una agilización de la justicia"
Guatemala, noviembre 13 de 2017. El Comisionado Iván Velásquez Gómez participó en la presentación del informe "Carrera contra el tiempo", elaborado por Human Rights Watch, donde se refirió sobre varios de los obstáculos que existen en el sistema judicial que no permiten el avance de los procesos penales. Fuente CICIG
Una investigación de la CICIG y del Ministerio Público (MP) reveló cómo operaban dos grupos de poder en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, liderados por Byron Miguel Lima Oliva y Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, quienes por pretender tener el control de este centro penal desencadenaron una pugna 

Cápsula de audio: Ciudadanía y Cultura de Legalidad
Guatemala, julio 26 de 2017. El Comisionado de la CICIG Iván Velásquez Gómez, resaltó la importancia de la participación ciudadana, especialmente de la juventud guatemalteca, con el fin de fortalecer la institucionalidad del país y contribuir con el Estado de Guatemala en generar políticas públicas para consolidar una cultura de legalidad y crear una cultura de las consecuencias.
FUENTE CICIG
Ver listado de audios
Cápsula de audio: La corrupción es estructural

Guatemala, agosto 087 de 2017. Recientemente el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez se refirió a los casos de alto impacto en Guatemala y señaló que la corrupción es un tema estructural.
"La corrupción es un problema sistémico"(Entrevista la Prensa de Nicaragua)
Guatemala, agosto 08 de 2017. En una entrevista realizada por el periodista Ismael López, de la Prensa de Nicaragua, el Comisionado Iván Velásquez Gómez habló sobre la investigación "construcción y corrupción", en la cual se vincula al exministro de Comunicaciones y excandidato presidencial Alejandró Sinibaldi, y a otros sindicados. Además se refirió sobre los obstáculos que enfrentó cuando investigó en Colombia el caso "la parapolítica", entre otros. (Se publica con fines informativos).
Ver enlace de origenCOMUNICADO DE PRENSA 055

GRANJA PENAL PAVÓN: ASESINATOS POR PODER, CONTROL Y NEGOCIOS
Guatemala, agosto 03 de 2017. Una investigación de la CICIG y del Ministerio Público (MP) reveló cómo operaban dos grupos de poder en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, liderados por Byron Miguel Lima Oliva y Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, quienes por pretender tener el control de este centro penal desencadenaron una pugna entre ambos que terminó con el asesinato de Lima Oliva y otras 13 personas.
En conferencia de prensa el Comisionado Iván Velásquez Gómez, la Fiscal General, Thelma Aldana, y el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, proporcionaron detalles de la investigación y de las siete capturas de ayer, luego de nueve allanamientos realizados en los departamentos de Guatemala y Zacapa.
Antecedentes
El 17 de noviembre de 2015, Marvin Montiel Marín y Byron Lima Oliva fueron trasladados al sector 9 del centro penal Pavón, procedentes de la cárcel de Matamoros. Entre ambos existían ya conflictos personales.
A partir de su llegada a ese centro carcelario, intentaron cada uno por su cuenta, ganar presencia y poder, así como desarrollar actividades lícitas e ilícitas con el fin de obtener beneficios patrimoniales. Por el desarrollo de las actividades ilícitas, por parte de Lima Oliva y Montiel Marín, incrementaron la tensión entre ambos.
El 18 de julio de 2016 se produjo un ataque armado en el interior de ese centro penal, ubicado en el municipio de Fraijanes, en el que fallecieron 14 personas y 9 resultaron heridas, entre ellas Lima Oliva.
En la investigación se establecen tres momentos:
  • Se determinó una serie de hechos que desencadenaron en la agresión hacia el grupo dirigido por Lima Oliva.
  • Derivado de una serie de informes forenses y testigos se reconstruyó la forma del ataque y la estructura que lo cometió, así como los elementos que posibilitaron la acción criminal. 
  • Se estableció la forma en que, luego del ataque, la estructura se refugió en uno de los sectores del centro penitenciario y ocultó las armas. 
Estrategia para tener el control
Al llegar a ese centro penal, Lima Oliva y Montiel Marín desplegaron su estrategia: Lima se acercó a los voceros y a las autoridades del Sistema Penitenciario destacadas en el centro carcelario. Cuando Lima logró la aceptación de los voceros y de la población de Pavón se proclamó vocero único, tomando el control fáctico, y estableció  las reglas de seguridad y de control para sus actividades ilícitas.
Con el control total Lima y su grupo empezaron con los cobros de ingresos de reos, derecho a visitas, ingreso clandestino de enseres y uso de bartolinas. Realizó también venta de licor y cigarros dentro del penal y expropió los negocios que ya estaban establecidos previamente.
Estas normas impuestas por Lima incomodaron a Montiel Marín, quien monopolizó la venta de droga en el interior de la cárcel. Reclutó a buena parte de la competencia, quienes se conviertieron en sus vendedores. Para el desarrollo de las actividades ilícitas, Montiel  Marín compró una carpintería que le servía como fachada para el ingreso de armas, drogas y otros ilícitos. Además organizó su grupo de seguridad. 
Para el ingreso de materiales de la carpintería de Montiel Marín se falsificaron los permisos respectivos, excepto el primero. Junto a los materiales de construcción ingresaron droga, armas y otros elementos prohibidos. Este mecanismo sin control le sirvió a su vez para entrar las armas utilizadas durante el operativo para asesinar a Lima Oliva.
Sin impulsar medidas preventivas
El director y el subdirector  operativo  del Sistema Penitenciario de ese entonces, Luis Carlos de León Zea y Basilio Hernández Guzmán,  no  impulsaron  las  medidas señaladas en los tres informes de la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria, en los cuales se mencionaban los  problemas y disputas existentes entre Lima Oliva y Montiel Marín.
Además se sugería el traslado de ambos a otros centros. Uno de los informes, incluso, señaló que existía riesgo en la vida de Lima Oliva. Por el contrario, cuatro días antes del ataque, el subdirector operativo retira la seguridad a Lima Oliva,  la cual  le  había  asignado  cuando ingresó a Pavón.
La planificación
Para realizar sus actividades ilícitas, Montiel Marín contó con un grupo externo de traficantes de drogas y armas, coordinados por su esposa Sara Elizabeth Cruz Mansilla. Dicho grupo ingresó las armas, municiones y explosivos a Pavón para el atentado contra el Lima Oliva y su grupo, ocultándolas en materiales para la construcción.
Entre sus integrantes de esta estructura externa figuraba María Martha Patricia Castañeda Torres, encargada de ingresar explosivos a dicho centro penal a través de un funcionario de menor rango.
Declaraciones de cuatro testigos revelan que a partir de la escalada de conflictos entre ambos, Montiel Marín comenzó a celebrar reuniones periódicas con su personal de confianza en lasque planificó la ejecución que se consumaría el 18 de julio de 2016. Instruyó al sindicado Moisés Cardona como la persona encargada de asesinar a Lima Oliva. Le indicó que debía dispararle a la cabeza debido a que Lima  Oliva utilizaba chaleco antibalas.
En el ataque mueren 14 personas: Lima Oliva y 11 integrantes de su grupo, incluida una visita.  Mientras que del grupo de Montiel Marín fueron dos reos.
Conclusiones del caso
  • Entre Marvin Montiel Marín y Byron Miguel Lima Oliva existía un enfrentamiento por obtener el control de la Granja de Rehabilitación Pavón.
  • Lima Oliva en su pretensión por controlar el centro penal para su beneficio, impulsó medidas coercitivas en contra de la población reclusa y de los funcionarios del Sistema Penitenciario, lo cual estaba afectando e incomodando los negocios que realizaba  Montiel Marín.
  • La escalada de tensiones entre Lima Oliva y Montiel Marín fue aumentando entre los meses de mayo a julio de 2016, lo cual era de conocimiento del director y subdirector operativo del Sistema Penitenciario de esa fecha-Luis Carlos de León Zea y Basilio Hernández Guzmán-, como lo demostraron los diferentes informes enviados a sus despachos.
  • Teniendo conocimiento dichas autoridades de que existía un grave problema de seguridad a lo interno de Pavón, no impulsaron las acciones necesarias para evitar el atentado.
Las capturas. Por los delitos de asesinato y asociación ilícita:
  • María Marta Castañeda Torres.
  • Sara Elizabeth Cruz Mancilla.
  • Edgar Rolando Contreras Velásquez.
  • Héctor Geovani Revolorio Ramos.
  • Lestin Exel Alonzo Lara.
  • Luis Carlos De león Zea, director general del Sistema Penitenciario.
  • Basilio Hernández Guzmán, subdirector operativo del Sistema Penitenciario.
Serán citados para primera declaración. Por los delitos de asesinato y asociación ilícita (en prisión por otros casos):
  • Marvin Montiel Marín.
  • Jesús Ariel Morales.
  • Maher Moisés Montenegro Cardona.
  • Juan Antonio Castillo Herrrera.
  • Melvin Eduardo Enríquez Hernández.
  • José Pablo Barrientos Quiñónez.
  • Ronald Ernesto Raxcacó Reyes.
  • Frederick Onivar Interiano Godoy.
  • Byron Giovanny Ortiz Colindres.
  • Walter Everardo Enríquez Hernández.


AUDIOS DE LA CONFERENCIA DE PRENSA

Fiscal General, Thelma Aldana Descargar
Comisionado, Iván Velásquez Descargar
Viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán Descargar
Caso plazas fantasma: Capturan a diputado Christian Boussinot
Guatemala, agosto 08 de 2017. El diputado Christian Jacques Boussinot Nuila fue capturado el día de hoy por las autoridades en el kilómetro 19, carretera a El Salvador, por su vinculación en el caso plazas fantasma.
Granja penal Pavón: Asesinatos por poder, control y negocios
Guatemala, agosto 03 de 2017. Una investigación de la CICIG y del Ministerio Público (MP) reveló cómo operaban dos grupos de poder en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, liderados por Byron Miguel Lima Oliva y Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, quienes por pretender tener el control de este centro penal desencadenaron una pugna entre ambos que terminó con el asesinato de Lima Oliva y otras 13 personas.
A juicio expresidente del Congreso Pedro Muadi y otros 30 sindicados
Guatemala, agosto 01 de 2017. El juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, resolvió hoy enviar a juicio al exdiputado y expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi Menéndez, y a otros 30 personas, sindicados de integrar una red de plazas fantasma que operaba en dicho organismo.