"La Comisión Internacional Contra la Impunidad en #Guatemala CICIG es un ejemplo para combatir la corrupción"

Secretario General de la ONU: "La CICIG es un ejemplo para combatir la corrupción" El Comisionado Iván Velásquez Gómez se reunió ayer por la tarde en Nueva York con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, quien le reiteró su apoyo, y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El jefe de la CICIG señaló que fue una reunión productiva con el Secretario General, quien “expresó pleno respaldo al trabajo que realiza la CICIG, y a la lucha contra la corrupción en Guatemala”. El Comisionado reafirmó su compromiso de continuar apoyando a los guatemaltecos en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, destacó hoy en Nueva York que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un ejemplo para combatir la corrupción.

La declaración del Secretario General fue durante su intervención del 15 aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Guterres resaltó que uno de los objetivos del desarrollo sostenible se refiere a  reducir la corrupción y el soborno, fortalecer la recuperación  y el  retorno de activos robados y desarrollar instituciones efectivas, inclusivas y transparentes. Señaló que la conmemoración de este día es una  oportunidad para reflexionar sobre cómo la comunidad internacional puede cumplir con estos compromisos, ya que la corrupción afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo, y la complicidad no reconoce fronteras. Agregó que la sociedad no puede funcionar de manera equitativa y eficiente cuando los funcionarios públicos -desde doctores hasta policías, jueces y políticos-se enriquecen en lugar de desempeñar sus funciones con integridad.
“La corrupción roba fondos de escuelas, hospitales, infraestructura y otros servicios vitales. La trata de personas y el tráfico de migrantes, las corrientes financieras ilícitas y el comercio ilegal de recursos naturales, armas, drogas y patrimonio cultural han sido posibles a causa de  la corrupción”, aseveró Guterres.
El Secretario General señaló que la corrupción y la impunidad son corrosivas, generan frustración y fomentan una mayor corrupción cuando las personas no ven otra forma para lograr sus objetivos. Además dijo que este problema disminuyen las oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres jóvenes.
Señaló la necesidad de erradicar la corrupción a todo nivel y restablecer la confianza perdida. Por ello dijo que el papel de la ONU es crucial para este propósito.
 “La ONU puede ayudar a los Estados miembros a combatir la corrupción de diversas maneras, desde el intercambio de buenas prácticas hasta el apoyo para fortalecer la capacidad  a las instituciones nacionales de lucha contra la corrupción.  La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un ejemplo de ello”, resaltó Guterres.
Afirmó que  la  Convención de la ONU contra la Corrupción representa el reconocimiento fundamental de que este problema no es un costo aceptable para hacer negocios ni un mal necesario, es un crimen serio e inaceptable.
El Secretario de la ONU se refirió  que desde su adopción, la convención ha logrado una aceptación mundial con 184 partes; durante 15 años ha servido como un marco internacional de cooperación para fortalecer la prevención y mitigar los riesgos de corrupción;  ayuda a interrumpir el lavado de dinero y detener la salida ilícita de fondos; y contribuye a la devolución de los productos robados de los bancos extranjeros.
Destacó la participación  de los estados miembros para revisar los esfuerzos para combatir este problema, ya que son fundamentales para proporcionar oportunidades equitativas y facilitar la inversión, hacer frente al crimen organizado transnacional, prevenir la influencia injusta de poderosos intereses sobre la gobernanza y salvaguardar los derechos civiles y humanos.
Afirmó que lo anterior no será posible sin la participación de todos los sectores de una sociedad para erradicar este problema, por lo cual hizo una llamado a los Estados miembros para utilizar la Convención como una plataforma para movilizar apoyo político y popular para la lucha contra la corrupción.
“Si los gobiernos se toman en serio el hacer lo mejor para sus ciudadanos, entonces las promesas de promover la integridad y reprimir la corrupción deben ser más que promesas de campaña y palabras en papel”.
Por lo anterior, el Secretario de la ONU hizo un llamado urgente al  liderazgo global para que impulse una posición moral e instale una cultura de integridad en todos los niveles.
 “Las Naciones Unidas continuarán apoyando a los Estados miembros en cada paso del camino, desde ayudar a involucrar y empoderar a los ciudadanos en esta lucha, hasta ayudar a construir y mejorar instituciones que puedan cumplir su promesa”, puntualizó el Secretario General de la ONU.
Fuente CICIG
Antecedentes

El conflicto armado interno en Guatemala, el cual duró 36 años, concluyó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz iniciandose el ambicioso proceso de establecer una sociedad democrática y global. Sin embargo, doce años más tarde, el país está plagado por la generalización de la delincuencia común y organizada y encadenado por un legado de ineficacia por parte de las instituciones del sector justicia. Como en muchos otros países después de los conflictos, la aplicación de los Acuerdos de Paz se ha visto obstaculizada por la debilidad de las instituciones, la falta de voluntad política, y el aumento de delitos violentos.
Hay cerca de 6.000 homicidios por año en Guatemala, incluida la matanza generalizada de mujeres y niños. Sólo el 2% de estos crímenes llegan a juicio. Además, los recientes crímenes de alto perfil han confirmado la infiltración de redes de delincuencia organizada en el Estado de Guatemala. Estos grupos plantean una grave amenaza para el estado de derecho y amenazan con socavar otros avances en la democratización que el país arduamente ha logrado. El Estado enfrenta un reto muy serio en sus esfuerzos para hacer valer el estado de derecho y proteger los derechos humanos fundamentales como son la vida e integridad física de sus ciudadanos.
Un factor particularmente complejo son las contínuas acciones de cuerpos ilegales y aparatos clandestinas de seguridad, las cuales se desarrollaron a partir de las estructuras de contrainsurgencia del Estado y hoy en día aparecen y operan como redes parecidas a las mafias, las cuales están ampliamente relacionadas con actividades económicas ilícitas y crímenes violentos y ejercen fuerte influencia en las diversas instituciones del estado. En el Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994, el Gobierno de Guatemala se comprometió a "combatir cualquier manifestación" de " fuerzas ilegales de seguridad" y "maquinaria clandestina de seguridad". No obstante, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala conocida como MINUGUA, así como organizaciones de derechos humanos y el Procurador de los Derechos Humanos (Ombudsman), continuaron informando sobre la existencia de dichos grupos, implicándolos en amenazas a los defensores de los derechos humanos así como a los oficiales investigadores del sector de justicia, encargados de los crímenes políticos cometidos durante la guerra; y más ampliamente, en perpetrar crímenes violentos. En particular, las instituciones de los sectores de justicia y seguridad han sido penetradas y socavadas por estas mafias, lo que limita la capacidad del Estado para desmantelarlas.
Después de una ola de ataques contra defensores de los derechos humanos en 2002, una coalición de ONGS de derechos humanos lanzaron una campaña cuyo objetivo era persuadir al Gobierno para que estableciera un órgano encargado de investigar las actividades de estos grupos. A principios de 2003, el Gobierno de Guatemala pidió al Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de las Naciones Unidas, asistencia a fin de desarrollar un mecanismo que ayudara al Estado a investigar y enjuiciar los miembros de éstas. Después de debates y una misión de exploración técnica, Naciones Unidas firmó un acuerdo con el Gobierno de Guatemala el 7 de enero de 2004, el cual contenía disposiciones para la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Sin embargo, el acuerdo propuesto generó amplia controversia en Guatemala y enfrentó una fuerte oposición en el Congreso. Finalmente, se solicitó la opinión al Corte de Constitucionalidad sobre varios puntos, y el fallo fue que ciertas partes del acuerdo violaban la delegación constitucional exclusiva de poder el Ministerio Publico.
El Gobierno de Guatemala reescribió el texto para eliminar todas las cuestiones inconstitucionales planteadas por la CC y se acercó de nuevo al Departamento de Asuntos Políticos, a finales de 2005 con una petición para negociar el establecimiento de una comisión con un mandato revisado y un nuevo escrito le fue entregado al Secretario General el 31 de mayo de 2006. Prosiguieron las conversaciones con el Departamento de Asuntos Políticos, y el acuerdo para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se firmó con las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006, ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 de agosto de 2007, y entró en vigor el 4 de septiembre, cuando el Estado de Guatemala notificó a la ONU que había completado sus procedimientos internos para su aprobación y ratificación. Diez días más tarde, el Secretario General de la ONU nombró al Comisionado Carlos Castresana Fernández para estar al frente de la CICIG.